13 de febrero de 2019
13.02.2019

Cinco años de cárcel para el alto funcionario que enchufó a la cuñada de Carmela Silva

La sala concluye que la contratación de Vanesa F. B. fue "más que irregular" y costó 108.000 euros al Concello de Vigo - Un año y medio para el empresario que cooperó

13.02.2019 | 01:05
Francisco Javier G. Orúe, en primer término, junto al otro condenado, Ramón Comeseña.

Una contratación "más que irregular" que no tenía otra fin "que beneficiar exclusivamente a la elegida". Es la conclusión de la Audiencia de Vigo en el caso del enchufe de una cuñada de la presidenta de la Diputación Provincial de Pontevedra, Carmela Silva. La sala condena a cinco años y tres meses de prisión a Francisco Javier Gutiérrez Orúe, quien era jefe de servicio de Participación y Atención Ciudadana del Concello vigués. A él le atribuye participar en un "plan" para dar empleo a Vanesa F. B., para lo que tuvo la "participación" de Ramón Comesaña Alonso, entonces administrador de Imesapi, empresa que era concesionaria municipal. A este último le impone año y medio de cárcel. El tribunal concluye que la contratación se hizo "de forma oculta y al margen de los sistemas legales de oferta pública de empleo" y que la "retribución indebida" que recibió cada mes la mujer, por trabajos que no realizó, fueron "a costa" de "fondos del Ayuntamiento".

La mayor condena recae en Orúe como autor de un delito continuado de prevaricación, otro de malversación de caudales públicos y otro de falsedad en documento mercantil. Junto a los algo más de cinco años de cárcel, a este alto funcionario municipal de 62 años se le imponen nueve años y un día de inhabilitación absoluta. Para el exresponsable de Imesapi, de 59 años y sentenciado como cooperador necesario del delito de malversación y autor de la falsedad, la pena es de un año y seis meses de prisión y dos años y medio de inhabilitación. Por último, ambos condenados deberán indemnizar conjunta y de forma solidaria al Concello de Vigo con 108.147 euros.

Los magistrados concluyeron que, para "beneficiar económicamente" a Vanesa F. B., con "estrecha vinculación familiar" con una persona con "importante responsabilidad política" en el Ayuntamiento -en referencia a Carmela Silva-, Gutiérrez Orúe participó "en un plan" que tenía como objetivo la contratación de esta mujer. La sala aclara que no consta si lo hizo a "iniciativa propia" o impulsado "por tercera o terceras personas".

Conocedor de que en la Concejalía de Participación Ciudadana de la que dependía "existían remanentes de liquidez económica", llevó a cabo el citado plan ya que pese a que él no tenía el control directo de esos fondos, por su antigüedad y experiencia "no iba a haber impedimento" para abonar la retribución mensual a Vanesa "a costa de fondos del Ayuntamiento". Para ello, el alto funcionario tuvo la "colaboración" del entonces administrador de Imesapi y de la "cobertura" que suponía esa empresa, a la que se había adjudicado el servicio de atención al público de cuatro centros cívicos.

En la "ficción" que en realidad fue el contrato de esta mujer se hicieron nueve contratos menores, la mayoría para hacer encuestas. Todas fueron adjudicadas a Imesapi a propuesta del funcionario condenado. La intención era "hacer figurar" a Vanesa como autora de esos trabajos. La "maniobra" de los contratos menores era para pagar la nómina a la mujer durante los cinco años que estuvo contratada. Pero todo el trabajo que conllevan esas encuestas no fueron realizadas por Vanesa, que "carecía de conocimientos" para confeccionarlas. Vanesa, pese a su "reticencia a declarar", afirmó por ejemplo que no tenía ni idea de trabajar en Office.

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