Hace tres semanas, el Parlamento gallego alcanzaba por unanimidad un acuerdo para reclamar el techo competencial de la comunidad. Tras diez años sin ningún traspaso, el giro se producía porque el PP se sumaba a una iniciativa del BNG para que Galicia no quedase marginada en las negociaciones con el Gobierno e incluso el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, argumentaba el estatus histórico gallego para tener el techo competencial vasco y catalán. No obstante, los populares votaron ayer en la Cámara autonómica en contra de una proposición de ley del Bloque para pedir competencias en Salvamento marítimo.
El BNG, que contó con el visto bueno de En Marea y la abstención de los socialistas para no "impedir" el debate en el Parlamento, atribuye el rechazo del PP a que "les importa un bledo" la comunidad, dado que "llevan diez años en el mismo sitio, subordinando Galicia a los intereses del PP", y a una "llamada al orden" de Casado. "Igual levantaron el teléfono desde Madrid y Pablo Casado les dijo que no tocan más competencias, porque la agenda la marca la extrema derecha", apuntó Ana Pontón.
La portavoz nacional del BNG aludía precisamente a que "hace 15 días" el presidente de la Xunta "quería negociar todas" las competencias que debate el Ejecutivo central con Euskadi y Cataluña. "¿Qué pasa? ¿Tenemos que ir detrás?", se preguntó. "Le duró 15 días ese frenesí pro Galicia y ahora traen ese espíritu de Colón: subordinación y extrema derecha", esgrimió la líder del BNG en alusión a la manifestación del fin de semana en Madrid.
Lo que alegó el PP para no respaldar la propuesta nacionalista es que "tener competencias no es garantía" de una mayor seguridad en el mar, sino "tener medios técnicos de capacidad de reacción". Así lo señaló la diputada de esta formación Teresa Egerique, quien añadió que "es más importante tener sentidiño en las decisiones" adoptadas y reclamó "más política de salvamento y menos política con el Salvamento".
Mientras, la portavoz nacionalista incidió en que la de Galicia es la "tasa de siniestralidad en el mar más alta de Europa", con catástrofes que dejaron en lo que va de siglo "cien barcos perdidos" en el océano. A su juicio, eso se corresponde con un "problema estructural" y la distribución "discriminatoria" de los medios del sistema de socorro. "En Madrid deciden qué medios movilizan. Desde Madrid llaman al centro de Salvamento en Fisterra para que apliquen las decisiones. En el mar cada minuto cuenta y ese minuto puede ser decisivo".
También la diputada de En Marea Paula Quinteiro criticó "la negación sistemática" del PP a asumir nuevas competencias, especialmente en "asuntos vitales" para Galicia como las cuestiones marítimas, teniendo en cuenta que se registraron más de mil siniestros en 2017. En este sentido, la parlamentaria criticó la "negación sistemática" de los populares a asumir nuevas competencias, especialmente en cuestiones marítimas, "asuntos vitales" para la comunidad. Y es que los datos de siniestralidad, unos 1.032 accidentes laborales en el mar en 2017, según Quinteiro, son "muy alarmantes" si se tiene en cuenta la "pérdida de puestos de trabajo" en el sector. Por ello, la diputada de En Marea reclamó al Gobierno gallego "hacer autocrítica" y "que el debate se dé con argumentos realistas", no sin antes incidir en la "necesidad" de formar una comisión en el Parlamento gallego sobre la siniestralidad marítima.
La diputada del PSdeG Dolores Toja calificó de "perseverante y repetitiva" la petición del BNG, por lo que avanzó la abstención de su grupo como una posición "congruente" con ocasiones anteriores.
"En definitiva, por nosotros no va a quedar ese debate de esta cuestión en esta Cámara ni seremos un impedimento", añadió, para después advertir que, si la proposición hubiese superado el trámite parlamentario, los socialistas "tendrían que enmendar el texto", ya que proponen "respetar el marco competencial" que fija la Constitución en su artículo 149, que da al Estado la gestión exclusiva de la marina mercante.
A finales de enero, los cuatro grupos del Legislativo gallego acordaron instar al Gobierno estatal a negociar el traspaso de todas las competencias pendientes, después de que Pedro Sánchez se comprometiese con el País Vasco a la transferencia de 33 competencias, informa Europa Press.
