14 de febrero de 2019
14.02.2019

Feijóo condiciona el traspaso de la AP-9 a que el Estado dé 1.400 millones para bajar el peaje

Quiere que la subida anual del 1% durante 20 años la asuman los presupuestos del Gobierno central - Plantea un descuento del 2% en viajes de ida y vuelta en el día

14.02.2019 | 01:13

El desarrollo competencial de Galicia volvió ayer al Parlamento. En la sesión de control al presidente de la Xunta, la oposición censuró la marcha atrás dada por el PP tras aprobar hace tan solo tres semanas una iniciativa por la que se abogaba por alcanzar el mismo nivel de competencias que Cataluña y País Vasco e intentó que Feijóo saliera del estancamiento y diera un paso adelante. El titular del Gobierno gallego lo hizo, pero con condiciones muy duras.

Antes de demandar nuevas competencias, el presidente de la Xunta quiere que se cumplan tres premisas. Entre ellas, la transferencia de la AP-9, pero de forma que sea el Estado y no los gallegos los que asuman la subida anual acumulativa del 1% de los peajes durante 20 años, con un coste que calculó en 1.400 millones de euros, y que se implante una rebaja de las tarifas del 25% en los viajes de ida y vuelta en el mismo día.

Feijóo ya había anunciado que en el traspaso de la AP-9 se pediría también que fuera el Gobierno central el que debía asumir ese incremento acumulativo de los peajes con la concesionaria de la vía de peaje, Audasa, como compensación por la inversión realizada por la empresa en la ampliación de la autopista.

El titular de la Xunta precisó ayer que esa subida debe costear a cargo de los presupuestos del Estado, dado que nació de un acuerdo "unilateral" entre el Gobierno socialista y Audasa, y cifró el impacto económico de tal medida en unos 1.400 millones de euros.

A esta reivindicación se sumará la de una rebaja del 25% en las tarifas para usuarios habituales, tal como pedirá el PP mediante una enmienda en la proposición de ley que se está tramitando en el Congreso para evaluar el traspaso de la autopista.

Sin embargo, estas demandas de Feijóo tienen un complicado, por no decir improbable, recorrido. La principal razón es que si Pedro Sánchez convoca elecciones, decaerá la proposición de ley y habrá que volver a presentarla en la próxima legislatura y esperar a que los nuevos diputados acepten su debate por parte de la Cámara baja.

Las premisas que deben cumplirse antes de reivindicar nuevas competencias al Gobierno central las dio a conocer Feijóo ante la propuesta del portavoz parlamentario del PSdeG, Xaquín Fernández Leiceaga, de "impulsar una agenda de autogobierno" que contemple traspasos de una "lista no cerrada de 30 competencias que están en otros estatutos de autonomía" del Estado, entre las que ha destacado la gestión del tráfico.

"Me pregunto por qué no ponemos en marcha una acción concertada de todos los grupos políticos para impulsar una agenda del autogobierno responsable, sensata, que no tenga divisiones entre los grupos y que pueda al mismo tiempo reforzar nuestra autonomía. Le pedimos que pase de las palabras al hecho", expresó, señalando que "puede contar" para ello tanto con la oposición como con el Gobierno central y que se moverían siempre "dentro del Estatuto y de la Constitución".

Pero la respuesta que obtuvo de Feijóo fue la de poner condiciones antes de plantear nuevas competencias. Además del traspaso de la AP-9, el presidente de la Xunta enumeró otras dos. Que la inversión en Galicia para 2019 de los presupuestos del Estado fueran iguales que las de 2018 -exigencia que ya no tiene sentido al quedar tumbadas las cuentas en el Congreso- y que el Gobierno central devuelva a la comunidad 170 millones de euros por cumplir las reglas de gasto y de déficit. "Primero resolvamos esto y después ya hablaremos de las transferencias", fue la respuesta que le dio a Leiceaga.

Posteriormente, el Parlamento rechazó una proposición no de ley del BNG en la que se instaba a la Xunta a requerir al Gobierno central una "rebaja general" de al menos un 30 % de los peajes de las autopistas AP-9 y AP-53. El PP votó en contra porque pedía cambiar el texto propuesto por otro en el que la rebaja directa pasaba a ser un estudio de las posibles medidas "para suavizar las subidas de los peajes previstas en la AP-9" y también la apertura de una negociación para "la flexibilización de las tarifas".

En el cara con Luís Villares (En Marea) y Ana Pontón (BNG), el debate se centró también en el autogobierno, pero ambos portavoces de la oposición reprobaron que acudiera "de ganchete" con la ultraderecha a la concentración de Madrid del pasado domingo, que la definieron como "manifestación del odio", contra Pedro Sánchez.

"No se puede servir a la Falange y a Galicia al mismo tiempo", censuró Villares, para quien Feijóo solo se "disfraza" de autonomista y no le importa modificar un viaje oficial a Estados Unidos para llegar a tiempo a la "manifestación de los que piden suprimir el autogobierno de Galicia".

Feijóo le replicó que era una falta de respeto llamar falangistas a todos los gallegos que votan al partido con mayoría absoluta y recomendó a Villares que vuelva a defender la Constitución, ya que es juez en excedencia.

Ana Pontón censuró el "seguidismo" de Feijóo con Casado y lamentó su adhesión a la "extrema derecha machista, racistas, xenófoba y antigallega. "Es una humillación y una traición a los gallegos. Eso sí se puede llamar así", reprobó la líder del Bloque.

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