"Por primera y última vez", la presidenta de la Diputación de Pontevedra y primera teniente de alcalde del Concello de Vigo, Carmela Silva, se ha pronunciado sobre el caso del enchufe de su cuñada y por el que ha sido condenado a cinco años y tres meses de prisión un alto funcionario vigués. Lo hizo para negar que el "tema" tenga "nada que ver" con ella. "No estuve imputada ni investigada ni fui llamada a declarar", recordó y acusó al Partido Popular de orquestar una "estrategia de difamación".

La presidenta provincial ha defendido su "trayectoria intachable" y ha retado a quien dude de su "honorabilidad" a acudir a los juzgados. "Ya sabe a dónde tiene que ir y allí nos veremos", ha remarcado.

Silva ha lamentado la "estrategia de difamación" de la que considera que está siendo objeto y acusa al Partido Popular de estar detrás de ella. Denuncia las "mentiras tóxicas, de confrontación total, de intentar acabar con el adversario político tal y como si estuviésemos en una campaña bélica del PP". Sostiene que estos "juicios paralelos son propios del fascismo". Considera que esta "estrategia propia de gente con poca calidad democrática" se "idea en los despachos oscuros del señor Feijóo y del señor Rueda". Silva argumenta que lo hacen porque "están desesperados con la brutal caída del PP y les vale todo".

La primera teniente de alcalde viguesa ha insistido en que no volverá a hablar de este asunto ya que tiene que dedicarse a "gobernar para la gente y a seguir construyendo una nueva Diputación que rompa con aquella de los caciques de la política clientelar, que la convirtió en una administración de la que avergonzarse". Resaltó su "orgullo" por esta labor y añadió: "Lo de revolcarse al PP se lo dejo al PP, que es el único sitio en donde se sienten cómodos". Tanto los partidos de la oposición en Vigo, como la acusación particular, que ejerció la acusación particular, exigieron ayer "responsabilidades políticas", tras una sentencia "demoledora". El PP solicitará un pleno extraordinario para reclamar la dimisión de la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, y del edil Santos Héctor, mientras Marea de Vigo reclama que se revise toda la gestión del alto funcionario condenado, Francisco Gutiérrez Orúe, en la Administración local. Todos coinciden en exigir el cese "inmediato" de este último.

La portavoz de los populares, Elena Muñoz, sostiene que el fallo es "la constatación de la corrupción en el gobierno de Vigo" en el que hubo "una trama para contratar a la cuñada de Silva por unos trabajos que no hizo, pero que sí se le pagaron con dinero de los vigueses". Advierte de que "esto es la punta del iceberg y se conocerán más cosas".