A principios de 2017 se conoció la sentencia que tumbaba parcialmente el impuesto municipal de plusvalía, de forma que no se podía cobrar cuando la venta de un inmueble se realiza por un precio menor al que fue comprado. Se abrió entonces un vacío legal, a la espera de la reforma de la ley que regula este tributo, y algunos ayuntamientos anunciaron ya por entonces que paralizarían su cobro mientras que Hacienda no acometiera la modificación. Pero lo cierto es que, cerradas las liquidaciones presupuestarias de los ayuntamientos del año 2017, la recaudación de este impuesto se ha mantenido en máximos históricos en Galicia, con unos ingresos de 47,4 millones de euros, prácticamente la misma cantidad que la registrada en 2016, cuando no había dudas sobre este gravamen que regula el Estado pero cuya gestión compete a los municipios, siendo su aplicación siempre voluntaria. En el caso de la comunidad gallega, lo tienen implantado 115 concellos.

Este tributo lo pagan a cada ayuntamiento los propietarios por cada venta, donación o permuta que realicen de un inmueble. Inclusos los bienes recibidos en herencia están sujetos a este impuesto, de forma que actúa con un segundo tributo que se suma al de Sucesiones y Donaciones que gestiona la Administración autonómica. Su nombre exacto es Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, aunque se le conoce como plusvalía municipal.

Hasta 2017, los dueños tenían que abonar el tributo por cada operación, indistintamente de que hubiera obtenido beneficios o pérdidas. Pero a partir de ese año se sucedieron las sentencias limitando los efectos del impuesto, de forma que solo era obligatorio satisfacerlo en el caso de conseguir ganancias por la compra-venta de un inmueble o su recepción procedente de una herencia.

Con la crisis económica, los precios cayeron en picado y muchos propietarios se vieron en la necesidad de deshacerse de sus bienes aún a costa de perder dinero y a lo que luego se sumaba el impuesto de plusvalía municipal, lo que provocó una avalancha de demandas para lograr la devolución en operaciones de pérdidas.

La legislación estatal establece que se calcule la plusvalía en función del valor catastral, lo que sobre todo durante la crisis provocó un notable desfase entre la base de cálculo y los precios reales de las operaciones, mucho más bajos. Entonces Hacienda se vio obligado, tras las sentencias, a modificar la ley que regula este impuesto, pero aún no ha superado el trámite parlamentario, que además se ralentizará en caso de repetirse las elecciones generales, por lo que los ayuntamientos siguen aplicando el gravamen ante el vacío legal existente.

En 2016 la recaudación final fue de 47,6 millones de euros. Y un año después, ya con la reforma encima de la mesa, los ingresos se mantuvieron prácticamente en los mismos dígitos, con 47,43 millones de euros, según los datos de la liquidación definitiva difundidos por el Ministerio de Hacienda.

Los mayores volúmenes recaudados corresponden a los municipios de la vertiente atlántica, dado su mayor dinamismo económico. En la provincia de A Coruña, los ingresos alcanzaron los 21,2 millones de euros, mientras que en la de Pontevedra fueron un poco menores, de 15,2 millones.

En las provincias de Lugo y Ourense su incidencia es bastante menor. En la primera se recaudaron 7,6 millones de mientras que en la ourensana apenas se superaron los 3,4.

En todo caso, la recaudación superó ampliamente las previsiones de los propios ayuntamientos. Los 115 que aplican este gravamen -entre los que se encuentran todas las ciudades y villas medias- calculaban unos ingresos de 33,5 millones, pero al final del ejercicio obtuvieron un 41% más.

En esta evolución ha influido el mayor rigor de los ayuntamientos a la hora de aplicar el gravamen en suelo urbano y la mejor coordinación con las notarías en el acceso a la información de ventas de inmuebles. Otro de los factores tras este aumento de la recaudación, según explican desde el sector inmobiliario, son las transmisiones de venta de viviendas de segunda mano, ya que esta transacción tiene un gravamen más elevado. Del impuesto de plusvalía también tira la reactivación de las transmisiones de venta de inmuebles entre sociedades gestionadas por bancos y de empresas liquidadas durante la crisis.