19 de febrero de 2019
19.02.2019
La Opinión de A Coruña

La Xunta pide bajar los pagos a Audasa por las obras a 266 millones y que los abone el Estado

Ethel Vázquez ve "injusto" dar 1.400 millones por una ampliación que costó 230 - Reclama al Gobierno otros 12,9 millones anuales para reducir un 25% los viajes de ida y vuelta

19.02.2019 | 00:56
La Xunta pide bajar los pagos a Audasa por las obras a 266 millones y que los abone el Estado

Con el adelanto electoral queda interrumpida la tramitación en el Congreso de la ley para el traspaso de la AP-9 a Galicia. La Xunta, sin embargo, ya tiene hecha su propuesta, en la que fijará condiciones a esa transferencia, y que trasladará al nuevo Gobierno que tome posesión tras las elecciones del 28 de abril.

El Ejecutivo gallego tiene dos exigencias. Por un lado, considera que hay que modificar a la baja el convenio suscrito con Audasa para financiar las obras de ampliación de la autopista por el cual se prevé compensar a la concesionaria con más de 1.400 millones de euros a costa de una subida acumulativa de los peajes para los usuarios que llegará al 26,93% en 2043. La propuesta de la Xunta reduce los pagos a la empresa a 266 millones y plantea que salgan de las arcas del Estado repartidos en 53 millones anuales durante cinco años y no del bolsillo de los usuarios. Y, por otro lado, demanda una rebaja del 25% en los viajes de ida y vuelta en el mismo día para todo tipo de vehículos que usen el VIA-T. Esto tendría un coste anual de 12,9 millones de euros, que también debería aportar la Administración central hasta el final de la concesión.

La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, considera "injusto" el convenio suscrito por el Gobierno socialista con Audasa para financiar las obras de ampliación de la autopista. En su opinión, existe un "agravio" hacia Galicia y un desequilibrio territorial. La Xunta alega que, tras revertirse la concesión de varias autopistas estatales, Galicia será de las pocas comunidades en las que la movilidad de su población quedará condicionada por los peajes.

Y esto tiene unos costes a nivel de competitividad, pero también sociales. Así, el Gobierno gallego esgrime que el incremento de las tarifas provocará un trasvase de tráficos a la A-55 y la N-550, que encabezan las estadísticas de siniestralidad. La A-55 tiene 10 tramos de concentración de accidentes y la nacional, cinco.

Pero además la Xunta considera "inaceptable" el convenio suscrito con Audasa para financiar la ampliación de la AP-9 puesto que se compensará a la concesionaria con 1.400 millones por unas obras que cuestan 230 millones.

Infraestruturas ha analizado los términos del convenio y propone una revisión. A mayores del coste de las obras, se recoge un incremento adicional del 1,4% anual para conservación y mantenimiento (140,93 millones). La Xunta propone eliminar este punto: "La obra nueva ejecutada no necesita mantenimiento a corto plazo".

También pide que se anule la bonificación a Audasa del 25% del Impuesto de Sociedades (244,43 millones). Además, la conselleira advirtió que se le concedió a Audasa un interés del 8% sobre el importe pagado en las obras, porcentaje que estima es muy superior a los actuales del mercado. Y añade que finalmente se financió a un interés del 4,75%. Por eso, aboga por cambiar el convenio y reducir el interés a este 4,75.

Todas estas modificaciones reducirían las compensaciones a Audasa a 265,94 millones de euros. Y proponen que debe ser el Gobierno quien los pague: si se hace en cinco años serían 53 millones anuales. De esta manera, los usuarios de la AP-9 no sufrirían los incrementos de peajes previstos para financiar las obras.

La decisión no gustará a Audasa, pero Infraestruturas argumenta que ya tienen un precedente: la modificación del convenio del año 2006 para la gratuidad de Rande y A Barcala por el cual el Gobierno compensaba a la concesionaria con 7 millones anuales y el Gobierno gallego con otros 7 millones. Un informe del Consejo de Estado determinó que había "un enriquecimiento ilícito" de la empresa y la Xunta dejó de poner su parte. Audasa lo tiene recurrido, pero todavía no se resolvió.

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