Cuatro años de prisión. Es la condena que pide el abogado del Estado, en nombre de Adif, para el maquinista que conducía el tren Alvia siniestrado en julio de 2013 en el barrio compostelano de Angrois, un descarrilamiento que provocó la muerte de 80 pasajeros y dejó heridos a otros 144.
En un escrito con fecha del pasado 7 de enero, el abogado del Estado reclama apertura de juicio oral y solicita también para Francisco Garzón inhabilitación especial para el ejercicio de profesión por un periodo de seis años, según informa Europa Press.
Estas demandas responden a los hechos que ve constitutivos de un delito de daños por imprudencia grave. Y es que Abogacía del Estado no formula acusación por los posibles delitos de homicidio y lesiones, según especifica en el documento, de siete folios. No lo hace "toda vez que Adif carece de legitimación para la persecución de este tipo de delitos" y ya que el Tribunal Constitucional "niega la posibilidad de que los órganos y organismos públicos ejerzan la acusación popular". En su escrito de acusación, el abogado del Estado ve "responsable en concepto de autor" a Garzón y entiende que "no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal".
Además, pide que el encausado indemnice a Adif en casi 1,39 millones de euros, "a que ascienden los daños y desperfectos que sufrió la infraestructura ferroviaria". Del pago de esa cantidad es responsable civil subsidiaria Renfe, según señala. "Está directamente obligada al pago de dicha cantidad la compañía aseguradora QBE Insurance (Europa)", apunta. En los hechos punibles, relata, en concreto, que el maquinista "no inició la frenada ni redujo la velocidad" y refiere los "100 segundos que duró la conversación telefónica", cuando "llevaba en cabina la documentación reglamentaria". Para el acto del juicio oral, Abogacía del Estado pide interrogar al conductor del tren y hasta 14 testificales, entre ellas las del interventor, el maquinista que condujo hasta Ourense y el gerente del área de seguridad en la zona noroeste de Adif.
También interesa la ratificación de los tres peritajes judiciales, el de la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios), otros tres expertos designados por el administrador y uno por la operadora ferroviaria. El juez que instruye el caso dictó auto de cierre en diciembre con dos imputados: el maquinista y el exjefe de seguridad de Adif Andrés Cortabitarte. A ambos les atribuye 80 supuestos delitos de homicidio y 144 de lesiones por imprudencia profesional grave, al primero por circular con un exceso de velocidad al llegar a la curva despistado por una llamada del interventor y al segundo por un deficiente análisis de riesgos en la línea.
