La recuperación del mercado inmobiliario y el refuerzo de los controles de la Xunta sobre el nivel de eficiencia en el parque de viviendas de Galicia provocó en los últimos años un aumento de los inmuebles con certificado energético. Al cierre de 2018 eran más de 145.000 los pisos con este título, lo que supone un aumento del 22% respecto a los más de 119.000 contabilizados un ejercicio antes. Solo el año pasado, fueron casi 27.000 los propietarios que tramitaron este certificado, un balance que consolida la tendencia al alza de los últimos ejercicios y que representa un 10% más que las evaluaciones realizadas en 2017 -casi 23.900-, según datos facilitados por la Consellería de Economía.
En junio de 2013 se aprobó el real decreto que fijaba la obligación de disponer de esta etiqueta, y desde entonces cada año el número de propietarios que la solicitan va en aumento, con mayor incidencia en los dos últimos ejercicios por el repunte de las viviendas a la venta y en alquiler.
De las casi 27.000 nuevas etiquetas tramitadas el año pasado en Galicia, 26.135 corresponden a edificios ya existentes, mientras que 777 son de edificios de nueva construcción. Desde que la inspección en las viviendas más recientes es obligatoria -hace diez años-, se incorporaron 2.542, de las que 43,5% cuentan con certificados "A" y un 20% con títulos "B".
La calificación requiere un desembolso de 50 a 200 euros y se hace en relación a las primeras letras del alfabeto, de la "A" a la "G", siendo la primera la que se otorga a los edificios con mejor comportamiento y que implican menor factura energética para sus usuarios, y la "G", los que están en última posición. Dentro de los diferentes niveles de certificación, los más positivos transcurren del "A" al "C". El primero, de un alto nivel de eficiencia, supone un consumo de energía inferior al 55% de la media. El "B", entre 55% y 75% y el tercer nivel, el "C", de 75% al 90%. Los de consumo medio, como el "D" y el "E", tienen un consumo de energía que escalan del 90% al 100% y del 100% al 110%. Los menos actualizados y más perjudiciales para el medioambiente, los niveles "F" y "G", suponen entre el 110% y 125% y, este último, un porcentaje superior al 125%.
De los 145.000 inmuebles que han hecho los deberes desde 2013, hay desigualdades en cuanto a la situación de los mismos, debido principalmente a la antigüedad de las viviendas. Casi la mitad, un 47,06%, según datos de Economía, recibirían una calificación energética "E", por lo que estaría por debajo del aprobado, dado que su consumo oscilaría entre el 100% y el 110% de la media.
A estos edificios, que se traducen en un total de 68.525, habría que sumar los calificados con las últimas letras. Así, con los peores consumos para el usuario y para el medioambiente, debido a la emisión de una mayor cantidad de dióxido de carbono, estarían los que reciben una calificación "F", el 13,39% del total, más de 19.000, y la "G", que se sitúa a la cola y supone casi uno de cada cinco inmuebles (el 16,78%).
Entre estas tres categorías suponen más de las tres cuartas partes del conjunto inmobiliario examinado por los técnicos que presenta deficiencias y no aprueban la evaluación que marca la normativa. En contraposición, son muy pocos los que aprueban el examen y obtienen alguna de las primeras letras del abecedario. "A", "B", "C" y "D" apenas suman el 23% de los certificados notificados en la comunidad. En el caso de la primera letra, la cifra corresponde al 1%, al igual que en el certificado de tipo "B".
La mayoría de las propiedades que han cumplido con la obtención del certificado corresponde a la provincia de A Coruña, con casi la mitad de los inmuebles aprobados (68.841), mientras que en Pontevedra ascienden a 49.906. Las cifras en Lugo y Ourense se quedan muy por debajo, con 13.061 y 13.818, respectivamente.
Las viviendas con la máxima nota obtenida se concentran en la provincia de A Coruña, con 988, seguida por Pontevedra, con 445. Los datos con una peor calificación se sitúan también en la provincia coruñesa, con 11.011 inmuebles, una cifra que dista mucho del "sobresaliente".
La Xunta empezó a vigilar el cumplimiento de la normativa sobre certificación energética en febrero del 2016. Mediante inspecciones, no solo se comenzó a comprobar que los inmuebles contasen con los requisitos establecidos, también se hicieron controles a las agencias inmobiliarias para garantizar que incluyesen la etiqueta energética en toda oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o arrendamiento del edificio o unidad del edificio. "Deberá figurar siempre en la etiqueta, de forma clara e inequívoca, si se refiere al certificado de eficiencia energética del proyecto o al del edificio terminado o existente", estipula la norma.
