La Cámara autonómica aprobó ayer el proyecto de la Ley de Rehabilitación después de que el PP gallego tumbase la enmienda de devolución presentada por En Marea y que contó con los votos a favor del BNG y la abstención del PSdeG. Esta norma, que continuará su tramitación parlamentaria, prevé la "simplificación" de procesos administrativos para recuperar viviendas en cascos históricos y zonas rurales, así como la imposición de nuevas sanciones a pintadas contra el patrimonio, que oscilarán entre los 300 y los 150.000 euros en función de su gravedad.

La encargada de defender esta iniciativa fue la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, quien insistió en alcanzar el "máximo consenso" con los grupos de la oposición para sacar adelante la ley.

Durante su intervención, Vázquez incidió en que "se amplían" los supuestos para la concesión de licencias directas por parte de los ayuntamientos, sin autorización de la Administración autonómica, para acometer trabajos como el cambio de cubierta o actuaciones en carpinterías exteriores, fachadas o interior de edificios de núcleos con algún tipo de protección, siempre que no afecten a valores protegidos.

También se "intensificarán las ayudas a particulares y ayuntamientos" por parte del Ejecutivo autonómico, a raíz de los fondos Rexurbe -préstamos sin interés a proyectos municipales-, y nuevos métodos de ingresos como el establecimiento de un tributo autonómico sobre inmuebles en estado de abandono, del que estarán "exentos" los ciudadanos que no puedan atenderlo "debido a la falta de recursos económicos".