Una nueva batalla judicial deberá librarse para conseguir que el entramado del Prestige haga frente a la factura de la marea negra. Dos meses después de que el Tribunal Supremo dictase la sentencia definitiva sobre los daños del desastre medioambiental que tiñó de negro más de 3.000 kilómetros de costa, la Audiencia de A Coruña ha lanzado la orden para tratar de cobrar las indemnizaciones fijadas por el Alto Tribunal junto con los intereses de demora y procesales, así como las costas y gastos del procedimiento. La cifra final, según la resolución emitida ayer por el tribunal coruñés, ronda los 2.500 millones de euros. La resolución emitida ayer por el tribunal coruñés se produce después de que los responsables civiles de la marea negra -el capitán del petrolero, Apostolos Mangouras; la armadora y la aseguradora- no hayan abonado de manera voluntaria el importe reclamado por la Justicia española en el plazo de 20 días que concluyó esta semana.
Pese a que la Audiencia reclama casi 2.500 millones, la cantidad máxima a la que se podrá acceder en un nuevo litigio serán mil millones de dólares (poco más de 855 millones de euros), ya que es el importe de la póliza suscrita por la compañía. El escenario al que se ven abocado el Estado español, la Xunta y el resto de administraciones y particulares personados en la causa es Reino Unido, donde la aseguradora del petrolero tiene su sede. De salir con éxito de la batalla judicial en Londres, apenas se cubriría el 40% de las indemnizaciones que reclama la Justicia española.
En la resolución dictada por la Audiencia de A Coruña, contra la que no cabe recurso, se fija para la aseguradora del Prestige, London P&I Club, un límite de 855,4 millones de euros, descontada la cantidad de 22,77 millones depositados como fianza hace 16 años en la juzgado de Corcubión. Para el Fondo Internacional de Indemnización de Daños Debidos a Contaminación por Hidrocarburos marca el límite en 27,89 millones, descontadas las sumas ya abonadas a los perjudicados (120,7 millones), según detalló ayer el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
El tribunal coruñés establece así en la orden lanzada ayer el total de la ejecución de la sentencia en más de 2.495 millones (más de 1.441 millones de principal; 392.93 de intereses moratorios; 87,14 de intereses procesales; 573,79 de intereses, costas y gastos de ejecución). Por otra parte, también hay 2,1 millones depositados a disposición a disposición del tribunal por Repsol Petróleo tras la venta de fuel que se extrajo del petrolero.
Reino Unido
El fallo del Supremo dictado a finales de diciembre establece la "desprivatización de la ejecutoria". Al ser el juez de la Audiencia de A Coruña y no las partes quienes insten a la ejecución de la sentencia en Reino Unido para optar a los mil millones de dólares de la póliza, lo que permitirá que las víctimas no tengan que acudir a Londres para interponer la demanda al estar tutelados por el juez. En consecuencia, aquellos particulares que por razones económicas se planteasen abandonar la tortuosa travesía judicial el Prestige podrán seguir con el litigio.
El proceso judicial que se prevé en Londres se augura largo y complejo. En Reino Unido se tendrá que determinar si finalmente prevalece el dictamen penal del Supremo o el civil de los tribunales británicos. Hace solo tres años, España y Francia perdieron la batalla judicial en Gran Bretaña por la que pretendían que el pleito por el dinero de la póliza suscrita fuese en sus respectivas jurisdicciones en lugar de estar sujeto a los tribunales de arbitraje británicos.
