El abogado del Estado, en representación de Adif, ha rectificado su error al pedir cuatro años de cárcel para el maquinista del Alvia accidentado en 2013 en Angrois (Santiago)maquinista del AlviaAngrois . Solicita al juez corregirlo y demanda para el encausado "la pena de multa de nueve meses".

Y es que en su escrito de acusación, Abogacía del Estado demandaba cuatro años de prisión para el conductor del tren que aquel día descarriló en la curva de A Grandeira, cuando lo hacía por un eventual delito de daños del artículo 267 del Código Penal.

Ahora, en un nuevo documento al que ha tenido acceso Europa Press, reconoce que pedía "una elevada pena de prisión e inhabilitación, cuando el precepto señala una pena de multa de tres a nueve meses".

Por ese motivo, reclama al juez que le permita "subsanar el error padecido", que tilda de "evidente" y "material", para modificar la redacción de su conclusión.

Esta, queda como sigue: "Procede imponer al encausado la pena de multa de nueve meses, con responsabilidad personal subsidiaria, en caso de impago de la multa, de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias de multa no satisfecha".

PRUEBAS PARA EL JUICIO

Para el acto del juicio oral, Abogacía del Estado pidió interrogar al conductor del tren y hasta 14 testificales, entre ellas las del interventor, el maquinista que condujo hasta Ourense y el gerente del área de seguridad en la zona noroeste de Adif.

También interesó la ratificación de los tres peritajes judiciales, el de la CIAF (comisión de investigación de accidentes ferroviarios), otros tres expertos designados por el administrador y uno por la operadora ferroviaria.

UN ALTO CARGO DE ADIF, TAMBIÉN IMPUTADO

El juez que instruye el caso dictó auto de cierre en diciembre con dos imputados: el maquinista y el exjefe de seguridad de Adif Andrés Cortabitarte.

A ambos les atribuye 80 supuestos delitos de homicidio y 144 de lesiones por imprudencia profesional grave, al primero por circular con un exceso de velocidad al llegar a la curva despistado por una llamada del interventor y al segundo por un deficiente análisis de riesgos en la línea.

Estos posibles delitos por los que se investiga tanto a Garzón como a Cortabitarte no coinciden con el que le atribuye al primero el abogado del Estado, que de lo que habla es de un delito de daños.