El promotor de la acción disciplinaria en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la titular del juzgado número 1 de Lugo, Pilar de Lara, por supuestas dilaciones indebidas en sus causas, solicita para ella siete meses de suspensión de empleo y sueldo, mientras que el fiscal rebaja la petición a tres meses.
El abogado de la magistrada en este expediente, Agustín Azparren, confirmó que "se acaba de notificar la propuesta de resolución" en la que tanto el fiscal como el promotor de la acción disciplinaria del Poder Judical hacen sus propuestas de sanción para la juez responsable de instrucciones judiciales como la Carioca, sobre redes de prostitución y explotación contra mujeres, o la Pokemon y el Garañón, centradas en caso de corrupción política. La magistrada que ha imputado en la mayor trama de corrupción destapada en Galicia a más de un centenar de políticos, funcionarios y empresarios se enfrenta a un expediente disciplinario por retrasos injustificados y por una supuesta situación de abuso procesal.
El promotor de la acción disciplinaria del Poder Judicial acordó el pasado mes de noviembre incoar expediente disciplinario por supuesta "desatención o retrasos injustificados en la instrucción de causas penales" y "adoptar decisiones que, con manifiesto abuso procesal, generen ficticios incrementos del volumen de trabajo en relación con los sistemas de mediación fijados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)".
La juez defiende que los retrasos en sus casos están justificados y responsabilizó de estas dilaciones a otros funcionarios. Según su letrado, en la resolución que se hizo pública ayer con la propuesta de sanción "no se han rectificado los errores de la inspección", ya que asegura que se mantienen algunas imputaciones sobre retrasos que ya se habían rectificado. Como ejemplo, se refiere a un caso en que se le imputaba una demora a De Lara que en realidad correspondía a una jueza que la había sustituido. "La inspección comunicó que era un error y, sin embargo, se sigue manteniendo en la propuesta del promotor", se queja Agustín Azparren.
La resolución se ha notificado pese a que todavía está pendiente de resolver "por la comisión permanente del CGPJ el recurso de la defensa porque se había denegado una prueba testifical".
En cuanto a si ya se está en la fase final del expediente disciplinario abierto, Agustín Azparren explicó que "dependerá de si se estima el recurso. "Si se tuviera que hacer la prueba (testifical) habría que retrotraer el expediente a ese momento y practicar las pruebas", explica. Tras la resolución sobre sanciones constata que tienen "ocho días para contestar y luego pasaría a la comisión disciplinaria para que resolviera". "Podemos estar en la fase de tramitación administrativa del expediente. Después siempre quedarían los recursos", finalizó el abogado de la juez en este expediente disciplinario.
