La Xunta afloró el pasado año más de 178 millones en deuda fiscal no declarada, lo que supone un incremento del 24% respecto al ejercicio anterior. Este incremento se debe, según la Consellería de Facenda, a las actuaciones de control iniciadas en los últimos años por los inspectores y que tuvieron su efecto en 2018.

La Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) revisó las declaraciones de impuestos de 315.000 gallegos. El 93% estaban correctas, pero otro 7% de los casos (23.396) fueron corregidas al alza. De las liquidaciones en las que se detectó deuda no declarada, más de 15.000 se corresponden con el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y 8.229 con el tributo de sucesiones y donaciones. Además, se hicieron 597.060 valoraciones de bienes y se concedieron 2.900 aplazamientos de impuestos, un 7% menos que en el periodo anterior. Una vez revisadas las 315.000 autoliquidaciones de impuestos, en el caso de detectar que no es correcta, la Atriga practica una liquidación para que el contribuyente tribute conforme a la legalidad.

La Atriga, publicará hoy en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el plan de control tributario, en el que se establecen las principales líneas de actuación del ente tributario autonómico para este año. Entre las novedades, se incluirá la verificación de los importes de los beneficios fiscales en el caso de que estos no se apliquen a la totalidad del valor de una empresa o negocio, así como la comprobación de operaciones y mecanismos de planificación fiscal agresiva que resulten anómalos, sobre todo los relacionados con la transmisión de bienes inmuebles.

Por otro lado, la Xunta anunció ayer la puesta en marcha de un programa de modernización y apoyo a la digitalización del comercio, que estará dotado con 3,8 millones de euros y que movilizará 7 millones de euros en inversiones. De estas subvenciones se podrán beneficiar unos 600 comerciantes.

El Gobierno gallego emprenderá además por primera vez un plan de inspección del comercio digital para comprobar mediante ellas páginas web y el grado de cumplimiento de la legalidad vigente en materia de comercio y consumo. Se realizarán en total unos 800 controles de la información y publicidad que se ofrece en internet y se recogerán muestras de un mínimo de 70 productos adquiridos a través de la red.