10 de marzo de 2019
10.03.2019
La Opinión de A Coruña

Batalla por una pensión digna

Policías nacionales gallegos denuncian la situación de desamparo que viven después de llegar a una edad de jubilación, marcada por la "desigualdad" de subsidios y el "abandono" de la administración

10.03.2019 | 01:06

"La Dirección de Costes de Hacienda decide sobre cómo quieren vivir los policías, si mal, o peor", denuncia Margarita del Castillo Guzmán, una policía nacional coruñesa jubilada por lesiones tras un accidente que ocurrió mientras estaba de servicio. Es, junto al también coruñés José Antonio Gayoso, una de los miles de afectados por las bajas pensiones que perciben los miembros del cuerpo de Policía, marcada por un denominador común y que les ha colocado en una situación de "desigualdad" y "abandono" por parte de la administración.

Tras promover las reivindicaciones de los cuerpos de seguridad en las redes sociales y en pequeñas manifestaciones, la Asociación de Jubilados de Policías Nacionales (Ajpne) convocó el pasado mes de noviembre una manifestación en Madrid para reclamar una serie de derechos sociales de los que se queja el colectivo, que agrupa a más de siete mil asociados en toda España. "Estamos desamparados; los policías, cuando nos jubilamos no tenemos a dónde ir", advierte Gayoso, mientras cuenta su caso, que le llevó a recurrir a la justicia en numerosas ocasiones.

"En los años ochenta tuve que denunciar a ETA en el País Vasco; sobreviví a un accidente durante el traslado de un detenido y estuve implicado en el accidente del Alvia en Angrois", relata Gayoso, algo que desencadenó en una lucha constante durante el paso de los años: "Sufrí lesiones de servicio muy graves -explica- que afectaron en todos los niveles de mi vida. Tuve que ir al juzgado muchas veces y pasar por numerosos procedimientos administrativos, que son lentos". Estos procesos, donde el coruñés tuvo que defenderse por su cuenta, demostró que "la policía está agraviada por el procedimiento de la administración", donde "ponen trabas constantemente y no se cumple ni la ley ni las sentencias judiciales".

La Dirección General de Costes, dependiente de Hacienda, "determina la decisión de darte lo que la sentencia dictamina, es decir, si te dan más o menos pensión", explica Margarita del Castillo, agente apartada del ámbito laboral tras un grave accidente del que a día de hoy tiene secuelas. "En 2012 todo se resolvió a mi favor, pero las sentencias previas no tienen valor jurídico para la administración", cuenta, a la vez que relata el largo proceso, que puede durar hasta cinco años: "Nosotros somos los que tenemos que demostrar que las lesiones provienen del accidente laboral, y probarlo lleva mucho tiempo, pero siempre hay un fin, que no te quiten la verdad". Del Castillo se muestra crítica con lo que considera que es el verdadero problema, el dinero. "Tras el largo procedimiento donde te sometes a seguimientos médicos, ingresos en hospitales, etc., viene el dinero", relata, y destaca que "el dinero y Hacienda están por encima de cualquier juez, cualquier sentencia y cualquier político".

La situación de los policías jubilados se ve mermada en diferentes aspectos. Uno de ellos es el copago de los medicamentos, por los que desembolsan un 30% frente al 8% que abona el resto de pensionistas. El caso de las pensiones de las viudas es otro tema por el que luchan desde hace años, y es que una gran cantidad de estas mujeres no llegan al Salario Mínimo Interprofesional, aún con hijos menores a su cargo. Otra de las reclamaciones del colectivo de policías jubilados es la rebaja en el pago del IRPF.

Las pensiones, necesarias para soportar las dolencias de agentes como Del Castillo, que a día de hoy tiene unos gastos medios de 60 euros mensuales en medicamentos, rehabilitación y tratamiento psicológico, son un aspecto primordial para el futuro del colectivo. "No hay equidad y estamos totalmente desamparados; si una ley no se aplica, no hay futuro posible", manifiesta.

El Sindicato Unificado de Policías (SUP) proporciona una de las salidas para los policías, que dispone de planes de pensiones que cubren una parte que la administración no paga. Este sindicato, además, se encuentra inmerso en un proceso de creación de un plan para cubrir las carencias de las pensiones. Pretende paliar un sistema que perjudica a entre 90.000 y 100.000 agentes en España. Un plan que crea esperanza, aunque la realidad golpea a perjudicados como Gayoso:

"El SUP poco puede hacer, porque las cosas dentro del cuerpo están complicadas". Cuando un policía sufre una lesión durante un servicio y le impide realizar sus funciones, "hay dos opciones, o te jubilan o te pasan a segunda línea de actividad, pero siempre van a elegir la que sea más barata para ellos", reconoce Gayoso. Pese a la mala situación y a la lucha continua para buscar un futuro mejor, los agentes están esperanzados: "Con la razón siempre se llega a cualquier lugar".

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