La Xunta dará todas las facilidades para que el personal laboral se convierta en funcionario y blinde así su puesto frente a posibles despidos. El Gobierno gallego prevé funcionarizar a 2.177 trabajadores hasta 2020. ¿Y cómo lo hará? Los interesados deberán pasar por un concurso-oposición. El 40% de la nota se fijará en función de la antigüedad y de los procesos selectivos a los que ya hayan concurrido anteriormente y el 60% dependerá de un examen. Sin embargo, la dificultad de esta prueba será mínima. Será tipo test y la Dirección Xeral de Función Pública publicará previamente una batería de preguntas, entre las que se seleccionarán finalmente las que salgan en el examen. Y, por si hubiera algún despistado, los opositores podrán además tener a mano durante el examen los textos legales sobre los que les preguntarán.

"Es un traje hecho a medida", destaca la secretaria nacional de CIG-Autonómica, Zeltia Burgos. Facenda está negociando con los sindicatos las condiciones de este proceso, que arrancará este año. En una primera convocatoria se incluyeron 577 puestos, a los que se sumarán otros 800 en la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2019 que está pendiente de aprobarse y otros 800 en la OPE de 2020.

Se trata de una vieja promesa lanzada por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en 2012. En ese momento cifró en 6.000 los trabajadores laborales que podrían convertirse en funcionarios, aunque, de momento, la planificación de la Xunta incluye solo 2.177 plazas.

Existen diferencias importantes entre el personal laboral, que se rige por el Estatuto de los Trabajadores y está sujeto a convenio laboral, y los funcionarios, que se rigen por el Estatuto de la Función Pública.

Ambos acceden mediante oposición a un empleo público. Sin embargo, la Administración solo puede prescindir de un funcionario si hay una falta disciplinaria grave. Por el contrario, el personal laboral sí puede ser despedido.

No siempre fue así. Antes de 2012 solo se podía echar a un trabajador laboral fijo por causas disciplinarias. Sin embargo, en plena crisis económica el Gobierno de Mariano Rajoy introdujo una modificación legal que permitía su despido "por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el sector público". Fue a raíz de este cambio normativo que Feijóo hizo un guiño al personal laboral de la Xunta prometiéndoles estabilidad.

Al Gobierno gallego también le conviene económicamente este cambio, puesto que se ahorrará las cotizaciones por desempleo que ahora mismo debe pagar al personal laboral. Y de ahí que dé tantas facilidades en el concurso-oposición para convertirse en funcionarios.

Facenda debe vencer también las reticencias del personal laboral que dude entre un puesto de por vida o el temor a perder ventajas salariales. Los laborales ganan de media más dinero que los funcionarios, en el caso de las categorías más bajas cobran también más por trienio y tienen unas jubilaciones mejores.

En el acuerdo para la mejora por el empleo público firmado por la Xunta con los sindicatos Comisiones Obreras y UGT se establece un complemento económico que permitirá al personal laboral que se funcionarice mantener su sueldo. Sin embargo, la CIG advierte de que este plus desaparecerá si no permanecen en el mismo puesto de trabajo. "Estas aislando a la gente, no podrán trasladarse", se queja Zeltia Burgos.

Los detalles de la "funcionarización" aún se están negociando. Facenda presentará hoy a los sindicatos un documento con los criterios que regirán los procesos para convertir en funcionarios al personal laboral.

La antigüedad tendrá un peso del 35% en la nota final (0,15 puntos por cada mes completo de servicios) y otros 5 puntos por los procesos selectivos superados anteriormente.

El 60% de la nota dependerá de un examen tipo test. La Xunta explica que "por primera vez" publicará todas las preguntas que pueden caer en el examen. El número de cuestiones que deberán responder en la prueba dependerá de la categoría. Por ejemplo, para el grupo I habrá una batería de 1.000 preguntas y en la prueba deberán responder a 120. Cada pregunta tendrá tres respuestas alternativas.

Las cuestiones versarán sobre la legislación en materia de sector público y "para la realización del ejercicio los aspirantes podrán contar con los textos legales que se determinen en las bases de la convocatoria".

La CIG critica que antes de fijar las condiciones del concurso-oposición no se haya negociado con los sindicatos qué categorías se podrán "funcionarizar" y en qué condiciones. Zeltia Burgos se pregunta, por ejemplo, si el personal laboral que opte a este proceso tendrá derecho a la jubilación parcial como los funcionarios.

CSIF tacha el proceso de funcionarización de "disparate". Cree que primero habría que solucionar las tasas de temporalidad en la Xunta y advierte que hay "una devaluación inaceptable del empleo público" al posibilitar la menor retribución de los puestos de trabajo de funcionarios respecto a la retribución de los actuales puestos laborales.