Galicia abre un nuevo frente contra el Gobierno del socialista Pedro Sánchez, al que reclama el abono de una deuda de 170 millones de euros vinculada a su disciplina fiscal y medidas para permitir la inversión de otros 125 de su superávit. En ambos casos, señala sanidad, educación y servicios sociales como destinatarios de estos recursos. Estas peticiones se unen al conflicto aun sin solucionar sobre los 198 millones de recaudación del impuesto sobre el valor añadido (IVA) que el Ministerio de Hacienda ha retenido a Galicia. Aunque prometió devolverlos, aun no ha concretado cómo.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reveló ayer las nuevas exigencias planteadas a Moncloa durante el pleno. Ante la oposición, informó de que el 27 de febrero había pedido por carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dos cuestiones "de capital importancia" para "atender las muchas necesidades" de Galicia, "en especial en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales", según recoge la misiva.

Por un lado, Feijóo reclama facilidades para la inversión de los 125 millones de superávit con que Galicia cerró el año pasado. La disposición adicional 116 de la ley de presupuestos de 2018 extendía a las comunidades la opción de los concellos de gastar en "inversiones financieramente sostenibles" su excedente si han cumplido la disciplina fiscal sobre déficit, regla de gasto y control de la deuda. Por tanto, pide que "en ningún caso se planteen dificultades ni impedimentos al respecto".

Por otro, Feijóo cifra los incentivos vinculados a la disposición adicional 151 de la misma ley por el cumplimiento de las normas contables en 170 millones: 85 por anualidad pendiente. "Cifra que entendemos que se adeuda a nuestra comunidad en atención al cumplimiento de las reglas fiscales y de contribución a favorecer la solvencia de las administraciones", demanda.

Estas reclamaciones salieron a colación durante la petición del portavoz socialista en la Cámara autonómica, Xoaquín Fernández Leiceaga, a Feijóo de apoyo a una agenda de transferencias, tras cumplirse una década desde su primera victoria electoral sin que se consumase ninguna.

Feijóo aprovechó para pedir al PSdeG el apoyo a las enmiendas del PP para condicionar la transferencia de la AP-9 a descontar los 1.400 millones vinculados a la subida anual del peaje comprometidas por el Gobierno socialista. La ley para concretar la cesión decayó por el adelantó electoral. "Los problemas de la AP-9 vienen de Aznar, cuando usted estaba en la Xunta, que amplió la concesión hasta 2048", replicó Leiceaga.

Su petición no fue atendida por el PP, que tumbó la iniciativa socialista, apoyada por En Marea y BNG, para pedir a la Xunta que exigiese 30 competencias nuevas. La oposición reprochó a los populares su veto tras apoyar en enero que Galicia dispusiese del mismo techo competencial que Euskadi y Cataluña.