Las cuatro comunidades autónomas de la cornisa cantábrica -Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco- acordaron ayer defender una postura común ante la inminente reforma de la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea, de forma que la estrategia nacional ante Bruselas recoja las peculiaridades de estos territorios, como una orientación eminentemente ganadera de su sector primario y un tejido productivo formado por explotaciones de pequeño tamaño y, en muchos casos, también de carácter familiar.
La nueva PAC abarcará el periodo 2021-2027 y su negociación entre Bruselas y los Estados miembros, cada uno con su planteamiento, se realizará a partir de 2020. Debido que el sector primario español presenta características muy diferentes entre el norte y el sur, las comunidades del Cantábrico quieren actuar como un bloque para hacer valer su fuerza ante las grandes explotaciones y cultivos intensivos de Andalucía y Levante.
La posición común la fijaron ayer en Oviedo los responsables de agricultura y ganadería de los cuatro gobiernos. "Es evidente que la unión hace la fuerza y en este caso nos unimos para defender, con más fuerza si cabe, los intereses de nuestros agricultores y ganaderos", destacó el conselleiro do Medio Rural, José González, al terminar la cumbre. "Las cuatro comunidades conformamos una unidad biogeográfica que comparte clima, orografía y un mismo sistema productivo", terció la consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado, María Jesús Álvarez. Esta sintonía llevará a la cornisa cantábrica a poner el énfasis, además de en el pequeño y mediano tamaño de las explotaciones y en su orientación ganadera, en el hecho de que la mayoría de las unidades productivas estén enclavadas en zonas de montaña o con limitaciones naturales, lo que condiciona su productividad y limita su rentabilidad.
Además, estas comunidades deben afrontar otros retos comunes como el envejecimiento y la despoblación del medio rural por lo que defienden que la PAC que se aplique a partir de 2020 tenga suficiente presupuesto, sea "más justa y equitativa" y supere los desequilibrios entre territorios. Para las autonomías cantábricas, las ayudas deben orientarse a la producción de alimentos, a los profesionales del campo y a la generación de empleo y actividad y plantean que se fije un tope máximo de ayuda por explotación de 60.000 euros para beneficiar a las de menor tamaño.
Además, reclaman que las ayudas directas se destinen a los agricultores profesionales aunque sin excluir totalmente a aquellos que se dedican a la actividad agraria de forma parcial y que se excluya del sistema a las personas jubiladas. Hasta ahora, el 38 % de los perceptores de ayudas son mayores de 65 años lo que dificulta el relevo generacional y la incorporación de jóvenes a la actividad agraria.
Discriminación
Para los gobiernos autonómicos de Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi, se debe aplicar también una discriminación positiva para las zonas de montaña y con limitaciones naturales así como un refuerzo de las políticas orientadas al relevo generacional y a la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito rural.
El documento suscrito plantea, además, mantener las ayudas asociadas a sectores productivos como la ganadería de leche o carne con el objetivo de que la nueva PAC sea "un instrumento para la transformación del campo en un territorio más vivo".
