22 de marzo de 2019
22.03.2019

La fiscal general del Estado abre expediente al superior de Galicia y al fiscal jefe de Ourense

Tras quejas de dos abogados de la exedil Áurea Soto, investigan cuatro supuestas faltas muy graves de Florentino Delgado en el ejercicio de sus funciones así como una muy grave del responsable gallego, Fernando Suanzes

22.03.2019 | 18:11
El fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes.

Las quejas de dos abogados de la exconcejala de Ourense Áurea Soto contra el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, y el responsable del ministerio público en Ourense, Florentino Delgado, dan pie a una investigación interna contra ambos. En un decreto de 21 de marzo, la fiscal general del Estado, María José Segarra, abre expediente disciplinario por la presunta comisión de hasta cuatro faltas muy graves en el ejercicio de sus funciones, en el caso de Delgado. Además, el fiscal jefe de Ourense queda apartado, por "aparente pérdida de la imagen de imparcialidad y objetividad", de la causa urbanística del 10%, en la que se averigua una presunta malversación en época del exalcalde de la ciudad, Manuel Cabezas (1995 a 2007), que es uno de los investigados en el proceso.

Los expedientes se derivan de unas diligencias informativas que, con carácter previo, tramitó el fiscal jefe inspector. Apreció "suficientes motivos indiciarios de comisión de responsabilidad disciplinaria" por parte de ambos fiscales. Determinar el alcance de su actuación compete a la investigación que se pone en marcha desde ahora.

La fiscal general abre expediente al superior de Galicia, Fernando Suanzes, por una supuesta falta muy grave de desatención muy grave o, alternativamente, de una falta grave de infracción de deberes inherentes a la condición de fiscal. Presuntamente, por dejar de atender las quejas por supuesto abuso de autoridad que denunciaron los abogados de Áurea Soto, o por no ejercer las facultades de dirección y de inspección de su cargo.

En el caso del fiscal jefe de Ourense, la responsable de la institución a nivel estatal abre el expediente por la posibilidad de que hubiera incurrido en hasta cuatro faltas muy graves: abuso de la condición de fiscal para obtener un trato favorable e injustificado de profesional –en un expediente gubernativo con una defensa de Áurea Soto–, inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas por tener interés personal en dicho expediente gubernativo, ignorancia inexcusable en el cumplimiento de deberes también en ese trámite, así como inobservancia del deber de abstención por supuesta enemistad manifiesta con la parte acusadora –la exedil Áurea Soto– en la causa del 10% contra Cabezas.

Asimismo, el expediente alude a dos presuntas faltas graves: retraso injustificado en el despacho de asuntos –por "actuación retardaria" en el caso de la supuesta malversación urbanística– y desconsideración respecto de abogado en el expediente gubernativo.

El expediente a los dos fiscales será instruido por un fiscal de Sala del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, asignado a la Sección de lo Penal. Como secretario actuará un fiscal del alto tribunal de la jurisdicción de lo Social, José María Caballero.

"Ante la aparente pérdida de la imagen de imparcialidad y objetividad" de Florentino Delgado en la causa del 10% –por cuya actuación afronta una falta grave y otra muy grave– queda apartado de dichas diligencias. En su lugar se designa a la fiscal delegada de Medio Ambiente y Urbanismo, Carmen Eiró, para que se haga cargo hasta el juicio de este caso. El 10% es instruido por la jueza Eva Armesto como sustituta legal, tras ser querellado el primer magistrado, Leonardo Álvarez (salió absuelto), también a iniciativa de la exconcejal Áurea Soto, quien además esta semana recusó al presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Piña, por segunda vez desde 2014.

Esta investigación se suma a la polémica suscitada tras desvelarse que la Xunta pagó el alquiler del piso del fiscal jefe (y continúa asumiendo los gastos) entre 2004 y 2016. El impago al propietario desde entonces por parte de la administración dio lugar a un pleito pendiente de resolver.

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