Las quejas de dos abogados de la exconcejal de Ourense Áurea Soto contra el responsable del Ministerio público en Ourense, Florentino Delgado, y el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, han llevado a una investigación interna que ha derivado en la apertura de sendos expedientes disciplinarios. En un decreto del jueves, la fiscal general del Estado, María José Segarra, dictó la apertura de un expediente a Delgado por la presunta comisión de cuatro faltas muy graves y dos graves en el ejercicio de sus funciones. Además, el fiscal jefe de Ourense queda apartado, por "aparente pérdida de la imagen de imparcialidad y objetividad", de la causa urbanística del 10%, en la que se averigua una presunta malversación en época del exalcalde Manuel Cabezas (1995 a 2007), uno de los investigados en el proceso.

En el caso de Suanzes, se tendrá que dirimir si cometió una falta muy grave de desatención muy grave o, alternativamente, de una falta grave de infracción de deberes inherentes a la condición de fiscal superior. Presuntamente, por dejar de atender las quejas por supuesto abuso de autoridad que denunciaron los abogados de Áurea Soto, o por no ejercer las facultades de dirección y de inspección de su cargo. Desde la Fiscalía Superior de Galicia eludieron ayer pronunciarse sobre el decreto de la Fiscalía del Estado hasta que finalice el proceso.

Ambos expedientes se derivan de unas diligencias informativas en las que se apreciaron "suficientes motivos indiciarios de comisión de responsabilidad disciplinaria" por parte Delgado y Suanzes. Determinar el alcance de su actuación compete a la investigación que se pone en marcha ahora y que tendrá que dirimir el fiscal instructor.

En el caso del fiscal jefe de Ourense, la Fiscalía General del Estado abre el expediente por la posibilidad de que hubiera incurrido en hasta cuatro faltas muy graves: abuso de la condición de fiscal para obtener un trato favorable e injustificado de profesional „en un expediente gubernativo con una defensa de Áurea Soto„, inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas por tener interés personal en dicho expediente gubernativo, ignorancia inexcusable en el cumplimiento de deberes también en ese trámite, así como inobservancia del deber de abstención por supuesta enemistad manifiesta con la parte acusadora „la exedil„ en la causa del 10% contra Cabezas.

Asimismo, el expediente alude a otras dos presuntas faltas graves: retraso injustificado en el despacho de asuntos „por "actuación retardaria" en el caso de la supuesta malversación urbanística„ y desconsideración respecto de abogado en el expediente gubernativo.

El expediente a los dos fiscales será instruido por un fiscal de Sala del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, asignado a la Sección de lo Penal. Como secretario actuará un fiscal del alto tribunal de la jurisdicción de lo Social, José María Caballero. "Ante la aparente pérdida de la imagen de imparcialidad y objetividad" de Florentino Delgado en la causa del 10% „por cuya actuación afronta una falta grave y otra muy grave„ queda apartado de dichas diligencias. En su lugar se designa a la fiscal delegada de Medio Ambiente y Urbanismo, Carmen Eiró, para que se haga cargo hasta el juicio de este caso.

Esta investigación se suma a la polémica suscitada tras desvelarse que la Xunta pagó el alquiler del piso del fiscal jefe de Ourense (y continúa asumiendo los gastos) entre 2004 y 2016. El impago al propietario desde entonces por parte de la administración dio lugar a un pleito pendiente de resolver.