La nueva Ley de Contratos del Sector Público, en vigor desde marzo del año pasado, ha puesto freno a las adjudicaciones a dedo. Durante años, las administraciones tiraron de los contratos sin mediar concurso ni publicidad para obras menores. Hubo ejercicios en que el conjunto de las administraciones en Galicia llegaron a asignar de forma directa el 25% de sus contratos, es decir, uno de cada cuatro euros invertidos en obra pública se hacía bajo esta modalidad. En el caso de diputaciones y ayuntamientos el porcentaje ascendía hasta el 75%. Pero esta tendencia revirtió el año pasado con un desplome de este tipo de adjudicaciones y, en contraposición, el aumento de los procedimientos abiertos, para los que se convoca un plazo de presentación de ofertas para cuantas empresas quieran concurrir.

De los más de 1.200 millones en obra pública licitados el año pasado en la comunidad, el 92% fueron por concurso abierto (16,5 puntos más que el 75,5% en 2017), mientras que los contratos a dedo representan el 5% del total (la mitad que el 10,5% del año anterior) y los negociados „aquellos en los que las propias administraciones llaman a varias empresas para optar al proyecto„ representan solo el 3% (diez puntos menos que un año atrás), según el balance de la Federación Gallega de la Construcción.

Desde el sector celebran este cambio de tendencia, que atribuyen a la nueva Ley de Contratos del Sector Público que tras la avalancha de adjudicaciones a dedo llevadas a los tribunales durante los últimos años por las empresas que se sentían "discriminadas" y "perjudicadas" en los concursos de obras menores ha puesto coto a este tipo de procedimientos en las administraciones.

Las diputaciones son en la actualidad las que copan el mayor volumen inversor a través de contratos sin concurso: el 12,2% de las adjudicaciones realizadas el año pasado. Le sigue en el ranking la Xunta (8,9%). Y con porcentajes muy inferiores cierran la tabla de obra pública en la comunidad los concellos (3,7%) y el Estado (2,7%). A la cabeza de concursos por procedimiento abierto se coloca el Estado (casi un 97% de la inversión sacada a concurso el año pasado en la comunidad). El resto de administraciones están casi a la par en este tipo de procedimientos: entre un 87% y un 89%.

Otro de los frentes que trata de combatir el sector de la construcción y que durante los años de crisis ha marcado las adjudicaciones en todas las administraciones es la guerra de precios entre empresas para lograr hacerse con el codiciado contrato y que ha dejado rebajas de hasta el 50%, una oferta que no alcanza para cubrir costes. "Nuestro caballo de batalla es la forma de contratar, debe lograrse la mejor relación calidad-precio", advierte Diego Vázquez, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de A Coruña (Apecco), al tiempo que carga contra el "uso abusivo" por la Diputación de las subastas, con una media de rebajas en la corporación provincial del 38%. "Perjudica al sector", denuncia tras recordar la economía de guerra que han vivido los empresarios de la construcción en los últimos años por el "descalabro" en las políticas de inversión. "Ahora son más rigurosos en la Administración y las bajas han menguado", celebra. El ente provincial se defendió de estas críticas y aseguró que reserva estas pujas para obras menores como carreteras provinciales con el objetivo de esquivar unos criterios de complejidad técnica que, a su juicio, "dilatarían sus plazos de ejecución"

En las ofertas a proyectos del Estado, se pasó de rebajas del 50% durante la crisis a un 20% en la actualidad, según fuentes del sector de la construcción. En la Administración autonómica se mantienen entre un 15 y un 20%. Mientras que en los concellos se ha producido un repunte, al pasar de apenas un 5-10% de rebajas a entre un 20 y un 25% a día de hoy, un cambio de tendencia que „denuncian desde el sector„ provoca competencia desleal.