24 de marzo de 2019
24.03.2019

O Pino-Touro, una mina de incertidumbres

Dos años después de que se promoviese la reapertura del yacimiento, la aprobación o denegación del proyecto entra en su recta final

23.03.2019 | 19:49
Protesta contra la mina el pasado junio en Santiago.

A finales de febrero de 2017 apareció la primera noticia de que la empresa titular de los derechos de explotación de la antigua mina de cobre ubicada en los municipios de O Pino y Touro se planteaba retomar de nuevo la actividad.

Dos años después, la aprobación o denegación de su reapertura se encuentra en la última fase después de la gran contestación social que ha tenido con más de 1.500 alegaciones presentadas. El proyecto está pendiente de que la Xunta dé el visto bueno o no al estudio de impacto ambiental que ha presentado la compañía.

¿Cuándo se producirá el dictamen de la Administración gallega? El Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo aún no ha respondido a esta pregunta y debido a la impopularidad de la mina es casi seguro que no se tome una decisión hasta después de las elecciones locales del próximo mes de mayo. Es la principal incertidumbre que sobrevuela sobre el megaproyecto, aunque hay otras como el impacto que tendrá la explotación sobre la zona si se aprueba.

El yacimiento de Touro es una zona minera en funcionamiento desde el siglo XIX que estuvo operativo como mina de cobre entre 1973 y 1986. En la actualidad, la empresa la explota para la obtención de áridos. Si se aprueba, el yacimiento coruñés será el más grande de Europa en su modalidad.

La reapertura de la vieja mina de cobre es un proyecto impulsado por Cobre San Rafael, que es la empresa que promueve la reactivación de la producción, y la multinacional Atalaya Riotinto Minera, que tiene en la mina de Riotinto (Huelva) su base de operaciones y principal activo.

La contestación social que ha generado la mina de Touro-O Pino (con una manifestación en Touro en febrero del año pasado que movilizó a 2.500 personas y otra multitudinaria de 10.000 en Santiago en junio) recupera el eco de luchas como la surgida contra la explotación minera de Corcoesto, que finalmente no fue validada por la Xunta. Más de 40 ayuntamientos y dos diputaciones también se han mostrado contrarias a la reapertura de la explotación en la comarca de Arzúa.

Seis meses después del anuncio de que Cobre San Rafael se planteaba reabrir la mina, el 25 de agosto de 2017 se abrió el plazo para presentar alegaciones. Los vecinos entregaron más de 1.500. El grueso de quejas se centró en la proximidad de la balsa del megaproyecto minero a las viviendas; la desaparición de manantiales; el cambio del curso de los ríos así como la cantidad de ocupación de nuevos terrenos. En este tiempo también se ha presentado una quincena de informes técnicos.

Durante todo el proceso, la Administración gallega ha asegurado que "la decisión que se adopte va a estar tomada con todas las garantías, como se hace siempre en cualquier proyecto que se somete a consideración o a competencia de la Xunta". "El proyecto minero solo se autorizará si cumple estrictamente la normativa vigente. La Xunta nunca autorizará un proyecto que atente contra la salud, el medioambiente y la legalidad", insisten desde el Ejecutivo autonómica.

El proyecto sigue con la tramitación prevista y está pendiente de la validación de su impacto ambiental. El Gobierno de Feijóo estudia tanto las reclamaciones como los informes presentados para decidir si aprueba o no la reapertura de la mina de cobre. "El proyecto no se aprobará si existen elementos que lo hagan incompatible. La Xunta se pronunciará cuando remate la tramitación y lo hará motivadamente en base a validaciones profesionales y técnicas", aseguran desde la Consellería de Economía. La empresa presentó el informe de impacto ambiental el pasado mes de octubre y la Xunta tenía tres meses a partir de ese momento para deliberar. Pero la reclamación de nuevos informes a la compañía ha retrasado la decisión final. La incertidumbre sobre la aprobación o denegación de la mina se despejará en los próximos meses.

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