La juez que con mano de hierro ha imputado en la mayor trama de corrupción destapada en Galicia a más de un centenar de políticos, sobre todo de PP y PSOE, funcionarios y empresarios se enfrenta a la pérdida de destino. La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acaba de imponer a Pilar de Lara, con más de 200 investigados en casi una decena de causas de gran trascendencia pública „la mayoría vinculada a actos de corrupción„ y varias ramificaciones en sus doce años al frente del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, una sanción de siete meses y un día de suspensión de funciones por una falta "muy grave" de desatención en el ejercicio de las competencias judiciales y generar retrasos injustificados en las causas penales que instruye. Al ser superior a los seis meses, la sanción implica la pérdida de destino y tendrá que volver a concursar para poder optar a una plaza en otro juzgado.
La suspensión será ejecutiva una vez agotada la vía administrativa, ya que la magistrada tiene un mes de plazo para recurrir ante CGPJ, según detallan desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). En caso de que el pleno confirmara la sanción, cabría interponer recurso contencioso-administrativo el Tribunal Supremo. En ningún caso la suspensión de la instructora de causas como Pokemon, Carioca, Garañón, Pulpo o Cóndor supondría paralización alguna de las investigaciones en curso, ya que de ratificarse la sanción, las causas abiertas quedarán en manos del nuevo titular del de Instrucción número 1 de Lugo.
Muchos de los procesos instruidos por De Lara salpicaron a decenas de cargos públicos, cuya imputación acabó marcando su carrera política, como el exlíder del PSdeG José Ramón Gómez Besteiro (imputado por diez delitos en el marco de la operación Garañón y el caso Pulpo, cuya instrucción continúa abierta) o el exalcalde de Lugo Xosé Clemente López Orozco (investigado en la Pokemon y cuya instrucción sobre la pieza de la grúa fue archivada hace seis meses).
"Lo que se consigue con esto es sacarla del juzgado", declaró ayer el abogado de la magistrada, Agustín Azparren, tras hacerse pública la decisión de apartarla de su destino. Tras confirmar que tiene previsto agotar todas las posibilidades de recurso, el letrado advirtió de que son casos "muy excepcionales" en los que las sanciones por las faltas que se le achacan a De Lara superan los seis meses. A la espera de recibir la resolución, por ahora la comunicación ha sido solo verbal, Azparren negó de nuevo que hubiese "retrasos injustificados" o "desatención". "Mantenemos que no existen dilaciones", defendió el abogado tras incidir en errores "de origen" sobre las fechas que atribuyen a las actuaciones jurídicas de Pilar de Lara.
El abogado avisó además del "grave perjuicio" que supondrá para el juzgado lucense el cambio de destino de Pilar de Lara, que lleva ya más de una década al frente. "No quiero ni imaginarlo para el juez que le toca, empezar a leer instrucciones con más de 130.000 folios, el caos que se puede organizar", sentenció. El efecto que puede producirse, según auguró el letrado, es el archivo consecutivo de los asuntos que lleva De Lara. "Va en perjuicio de las instrucciones", insistió Azparren, al tiempo que argumentó que "conoce la verdad" de las investigaciones en curso es De Lara y, por tanto, "cualquier juez que llegue „concluyó„ va a hacer un perjuicio irreparable para estos procedimientos".
La sanción a De Lara se produce a raíz de la investigación abierta por "desatención" o "retrasos injustificados" en la instrucción y por tomar decisiones que, con "manifiesto abuso procesal" causaban ficticios incrementos del volumen de trabajo. Aunque el fiscal del expediente abierto contra la juez, que a su vez culpó de esas dilaciones a funcionarios de su juzgado, solo pedía tres meses de suspensión y empleo „lo que no implicaba la pérdida de su plaza en Lugo„, la cúpula del gobierno de los jueces acordó imponer una suspensión de siete meses y la pérdida de destino tras una inspección extraordinaria a las investigaciones dirigidas por De Lara.
La acumulación de críticas del sector de la judicatura a la titular del juzgado número 1 de Lugo por los reveses judiciales en operaciones como la Pokemon y la lenta instrucción de las macrocausas, una dilación que fue cuestionada por la propia Fiscalía Superior de Galicia y el Tribunal de Xustiza ya en 2015 cuando De Lara envió el grueso de la Pokemon, una operación que arrancó en septiembre de 2012, a la Audiencia Nacional. "La mejor manera de no llevar nada es querer llevarlo todo", llegó a decir el fiscal superior, Fernando Suanzes, al referirse a la Pokemon y las ya siete piezas separadas, con más de 100 investigados.
