La juez Pilar de Lara, instructora de las principales causas judiciales contra la corrupción en Galicia, será apartada de la carrera judicial durante siete meses y además perderá su destino actual. La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado imponer a la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo una sanción de siete meses y un día de suspensión de funciones por una falta muy grave de desatención en el ejercicio de las competencias judiciales, prevista en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La decisión ya ha sido comunicada a la magistrada. Al ser superior a los seis meses, la sanción implica la pérdida de destino, según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. La suspensión será ejecutiva una vez agotada la vía administrativa (la magistrada tiene un mes de plazo para recurrir en alzada al pleno del CGPJ). En caso de que el pleno confirmara la sanción, cabría interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
De Lara ha instruido causas tan mediáticas como la Pokemon, la Carioca y otras en las que resultaron imputados destacados dirigentes políticos como el exalcalde de Lugo Xosé Clemente López Orozco o el exlíder del PSdeG Xosé Ramón Gómez Besteiro.
El Consejo General del Poder Judicial acordó en noviembre del pasado año incoar expediente disciplinario por supuesta "desatención o retrasos injustificados en la instrucción de causas penales" y "adoptar decisiones que, con manifiesto abuso procesal, generan ficticios incrementos del volumen de trabajo".
La acumulación de críticas del sector de la judicatura a la juez De Lara por los reveses judiciales en la Pokemon y la lenta instrucción de las macrocausas que instruye, una dilación que fue cuestionada por la propia Fiscalía Superior de Galicia y el Tribunal Superior de Xustiza ya en 2015 cuando la magistrada envío el grueso de la Pokemon a la Audiencia Nacional, llevaron al Poder Judicial a abrir una inspección extraordinaria sobre las investigaciones de la juez lucense.
La incoación del expediente se basa en las actas levantadas por el Servicio de Inspección del Poder Judicial en relación con la situación del juzgado, entre ellas la resultante de una inspección extraordinaria realizada entre los días 21 y 31 de mayo del pasado año.
