El 20 de septiembre de 2012 los entonces alcaldes de Ourense, el socialista Francisco Rodríguez, y de Boqueixón, el popular Adolfo Gacio, fueron detenidos en una operación contra la corrupción que marcó desde entonces la política autonómica, pues supuso la imputación de un centenar de personas. Aquel estallido de la conocida como o peración Pokemon, dirigida por la juez Pilar de Lara, truncó la carrera política de casi una veintena de cargos, a pesar de la falta de condenas en firme, si bien algunos pudieron salir indemnes, como el entonces alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, que fue identificado por error en conversaciones telefónicas intervenidas por Vigilancia Aduanera.
El reguero de víctimas políticas que dejaron las investigaciones de Pilar de Lara salpicaron a cargos públicos de todos los partidos. Desde concejales y alcaldes, hasta exconselleiros e incluso líderes de partidos que se vieron obligados a dimitir para evitar que la instrucción en curso que les incluía en la lista de investigados pasara factura a su persona y a las siglas de su formación.
Son todavía decenas los cargos públicos que esperan que finalice la instrucción que les apartó de la arena política. Otros han podido seguir en la primera línea tras el archivo de la pieza en la que estaban siendo investigados.
En la lista de causas sobreseídas por falta de pruebas en la Pokemon están la del Acuario de A Coruña (por no existir indicios contra los cinco investigados), la relativa al exalcalde de Ourense Francisco Rodríguez en relación a presuntos delitos de prevaricación urbanística, otra que afectaba al exconcejal del PSOE en A Coruña José Nogueira, el intento de imputación del entonces portavoz del PP en el Senado José Manuel Barreiro, la investigación sobre supuesto fraude y tráfico de influencias de la diputada popular Pilar Prado en su etapa como concejal en Santiago o el caso de la errónea identificación del entonces alcalde de Ferrol José Manuel Rey Varela en unas conversaciones pinchadas por Aduanas.
Nada más trascender la sanción a Pilar de Lara por falta muy grave, el exedil José Nogueira felicitaba en su cuenta de Twiter al Poder Judicial "por hacer algo de justicia con la juez" que „lamentó„ "hizo mucho daño a mucha gente inocente". "Todo lo que le perjudique „añade„ se lo tiene más que merecido".
El caso Pokemon enturbió el periplo político final de nombres como Xosé López Orozo e impidió el ascenso de otros como José Ramón Gómez Besteiro, que cayó sin poder ser cabeza de cartel del PSdeG en las autonómicas de 2016. De fondo, pesquisas sobre posibles sobornos a cambio de contratos públicos en Galicia, Asturias y Cataluña.
La némesis de De Lara es Orozco, que ha sido desimputado en seis ocasiones sobre las causas instruidas por la jueza, acusada por la defensa del exregidor de irregularidades y dilación. De Lara sospechaba que el entonces alcalde de Lugo entre 1999 y 2015 había cobrado dinero de la empresa adjudicataria del servicio de grúa. Le queda alguna imputación pendiente.
Eran tiempos de crisis y la imputación fue considerada por algunas fuerzas una línea roja. Tres años después del estallido de la Pokemon se celebraron elecciones municipales y el BNG exigió al PSdeG la cabeza de Orozco a cambio de que los socialistas retuviesen el bastón de mando. Así fue como Lara Méndez llegó a alcaldesa.
Lugo ofrece dos víctimas más de De Lara a la espera de juicio y ambas relacionadas con Orozco. Por un lado, Francisco Fernández Liñares, expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, que llegó a confesar el cobro de sobornos ante la jueza. Por otro, Gómez Besteiro, llamado a superar la crisis post-bipartita del PSdeG. Dimitió como secretario xeral y renunció a ser candidato tras la imputación en 2016 por la recalificación de unos terrenos durante su etapa de edil de urbanismo en 2005 en el concello dirigido por Orozco por los que habría recibido sobornos como la reforma gratuita de su casa. Luego lo imputó por posibles delitos en su etapa al frente de la Diputación en la operación Pulpo.
Santiago fue otro de los concellos sacudidos por De Lara, que abrió hasta nueve piezas persiguiendo presuntos sobornos en una red que centró en dos empresas: Vendex y, en menor medida Aquagest. En 2011 el PP había logrado la Alcaldía de la capital gallega, pero el polémico Gerardo Conde Roda tuvo que abandonar por sus problemas judiciales y deudas. Su sucesor, Ángel Currás,dimitió tras ser imputado en el caso, pero no fue el único. También cayeron los ediles Rebeca Domínguez, Albino Vázquez y Adrián Varela. La decisión del gobierno municipal de pagar con fondos públicos la defensa de este último, que supuestamente había viajado gratis a costa de empresas privadas, le costó la inhabilitación a los ediles del PP, absueltos posteriormente.
En Ourense, la crisis de la caída de Francisco Rodríguez abrió una crisis interna en el PSdeG que dejó en manos del PP la Alcaldía en 2015. Pero no fue el único grupo salpicado. El entonces edil del Bloque Fernando Varela dimitió al ser investigado por presunto tráfico de influencias.
Otra víctima de De Lara en el BNG fue el exconselleiro de Industria en el bipartito, Fernando Blanco, aunque en este caso de forma parcial. El nacionalista fue imputado por el caso Campeón, una red para captar subvenciones de forma fraudulenta y dimitió como diputado en 2011. Una pieza del caso llegó a De Lara, a la que la defensa de Blanco acusó de demoras "injustificadas". En noviembre pasado su caso fue archivado y el afectado criticó la pena de banquillo sufrida tantos años.
De Lara también imputó a otros tres miembros del PP: el que en 2013 era alcalde de O Carballiño, Argimiro Marnotes; el exportavoz popular en el Senado, José Manuel Barreiro, y la entonces edil en Santiago y diputada autonómica Paula Prado. Estos dos fueron exonerados por el Supremo y el TSXG, respectivamente, al ser aforados.
