El país de los mil ríos y de los casi 1.500 kilómetros de costa soporta continuos focos de vertido, una situación que coloca a Galicia todavía lejos de la meta de unas aguas plenamente saneadas pese a que el horizonte fijado por la Unión Europea para garantizar su buen estado ecológico se prorrogó de 2015 hasta 2021. Esta presión contaminante es achacable a los vertidos ilegales o tóxicos que generan la industria, las actividades agrarias o el abastecimiento y que se ha ido incrementado con el desarrollo económico. Solo el año pasado, la Xunta abrió 407 expedientes sancionadores por actuaciones contaminantes en zonas de dominio hidráulico (ríos, acuíferos o lagos) y en áreas marítimo-terrestres (rías y mar), un 20% más que el año pasado, con 342 denuncias registradas. Y el importe total de las multas interpuestas supera los 500.000 euros, casi un 50% más que los apenas 340.000 euros del ejercicio anterior, según el balance de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.

En la lista de vertidos, las administraciones „en concreto los ayuntamientos„ están marcados en rojo en los mapas de analíticas de Aguas de Galicia ya que concentran más de la mitad (52,5%) de todos los expedientes sancionadores abiertos. De las 407 multas por vertidos a administraciones, empresas y particulares, 144 fueron por vertidos a ríos y 75 a rías y al mar. Este balance se traduce en un incremento de los procedimientos sancionadores a concellos por vertidos irregulares o contaminantes en solo un año del 12%, al pasar de los 195 contabilizados en 2017 a los 210 abiertos el año pasado „144 en áreas de dominio público hidráulico y los 75 restantes en áreas marítimo-terrestres„.

En el caso de las empresas, los expedientes abiertos el año pasado se dispararon más de un 50% al pasar de los 81 de 2017 a los 123 de 2018. En 72 de ellos ya fue notificada la sanción por un importe total que supera los 390.000 euros. Y finalmente, en el caso de los procedimientos por polución que afectan a particulares todos se concentran en ríos, lagos o acuíferos: un total de 65, de los que 13 se resolvieron ya con el pago de las correspondientes multas, que en conjunto rondan los 20.000 euros.

De los procedimientos sancionadores abiertos en 2018 por actuaciones contaminantes, incumplir la autorización de vertido o no repones los daños medioambientales causados, 145 derivaron en multas (el 35% del total): 112 por polución en ríos, lagos o acuíferos y las 33 restantes por contaminación en las rías o el mar. A los más de 500.000 euros en sanciones por actuaciones contaminantes que afectaron el año pasado a las masas de agua de la comunidad, se suman cerca de 325.000 euros más por expedientes iniciados por en ejercicios anteriores pero resueltos en 2018.

La razón por la que no todos los vertidos acaban en un expediente sancionador son varias, aunque la más habitual es que los técnicos lleguen a la zona donde se dio el aviso de la incidencia pero no sean capaces de averiguar la fuente que produjo el efecto contaminante. Es decir, dar con el responsable del foco.

El año pasado quedaron pendientes de resolver 164 investigaciones por polución, la mayoría (143) por actuaciones contaminantes en zonas de dominio hidráulico y las 41 restantes afectaban a áreas marítimo-terrestres. Los expedientes archivados por Aguas de Galicia en 2018 alcanzaron los 98 (73 por vertidos en ríos y los otros 25, a rías).