El sector más damnificado por la crisis, por el volumen que representaba dentro de la economía gallega y española, fue la construcción. En los últimos años, ha empezado a recuperarse, aunque aún le queda mucho para llegar, es casi imposible que lo haga, a los niveles anteriores a la recesión.

Pero dentro de la construcción hay un grupo que no levanta cabeza: la edificación de viviendas protegidas. En los últimos ocho años, se terminaron en Galicia menos que en todo 2007, ejercicio en el que arrancó la crisis.

O dicho de otra forma, entre 2011 y 2018 se construyeron, no solo por iniciativa pública, sino también privada, de autopromoción y de cooperativas, 3.019 inmuebles de protección, mientras que solo en 2007 fueron 3.774, según los datos de los planes estatales y autonómicos que recoge el Ministerio de Fomento.

Y la sangría es mayor si se toman los últimos cinco años. Entre 2014 y 2018 solo se han edificado 203 viviendas, una cifra similar a la que se lograba en un solo mes en la época de bonanza. En 2014 y 2015 la construcción fue casi inexistente: 42 el primer año y dos el segundo. Mientras que en 2017 y 2018 se contabilizaron 12 y 8, respectivamente.

Los datos del Ministerio de Fomento recogen el número de viviendas de protección en sus diferentes fases administrativas, desde la solicitud inicial hasta la declaración definitiva, que son los datos anteriores y están elaborados con la información que proporcionan las comunidades.

Los números de Galicia (3.019) la sitúan entre las autonomías que menos esfuerzos han realizado en los últimos ocho años para tener más viviendas protegidas. En este periodo, ha sido la sexta en la que menos se han construido este tipo de inmuebles, solo superada por Canarias (2.172), Cantabria (1.876), Murcia (1.351), La Rioja (1.072) y Baleares. Llama la atención esta última comunidad ya que entre 2011 y 2018 solo se construyeron 571 edificaciones de promoción pública. En 2015, 2016 y 2018 no se incorporaron ninguna.

El panorama de 2018 no muestra ninguna mejoría en Galicia. Todo lo contrario. Se contabilizaron solo ocho viviendas durante el pasado año, la segunda peor cifra de la serie histórica que arranca en 1991 y que solo es superada por las dos que se anotaron en 2015. De las ocho del año pasado, cinco fueron en la provincia de A Coruña y tres en la de Pontevedra.

Cae la construcción de vivienda pública, pero por el contrario aumenta la demanda de pisos protegidos. El año pasado creció después de seis ejercicios a la baja y en el arranque de 2019 el incremento se mantiene.

Desde 2012, el número de inscritos en el Rexistro Único de Demandantes de pisos protegidos no había parado de descender. En 2014 disminuyó hasta los 20.589. A principios de 2015 volvió a caer otras 5.000 personas, hasta las 15.225. En verano de ese año el descenso continuó hasta las 13.956 y a finales del ejercicio eran 12.747. En septiembre de 2017, el número se situó casi por debajo de las 12.000 (12.058). Sin embargo, en 2018 volvió a aumentar, al igual que en 2019, hasta superar los 13.500.

El descenso en el número demandantes estuvo provocado por la crisis, el elevado desempleo y las escasas posibilidades de encontrar un trabajo. También influyó la escasez de nuevas promociones y que las administraciones no construían viviendas de protección pública. Por ello, no entraban nuevas solicitudes en el registro del Instituto Galego de Vivenda e Solo y las que ya estaban dentro no se renovaban. Si a los tres años no se renueva es borrada de la lista.

Al inicio de la crisis, las cifras de solicitantes se dispararon porque se creía que era más fácil obtener una vivienda de protección que acudir al mercado libre.