Los inquilinos gallegos cada vez adeudan más dinero a sus caseros. La subida del precio de los alquileres es una de las causas de este aumento. Pero en Galicia hay dos comportamientos diferentes. Por un lado, el de las provincias atlánticas y por otro, el de las interiores. En las primeras, la morosidad de los arrendamientos urbanos aumentó, mientras que en las segundas disminuyó. A nivel gallego, la deuda media de los inquilinos morosos se elevó el pasado año un 2,3%, cuarto menor incremento a nivel nacional„ hasta los 4.363 euros, cifra que se sitúa 1.800 euros por debajo de la media nacional.

A Coruña (+4,3%) y Pontevedra (+2,5%) fueron las provincias gallegas en las que subió la morosidad en 2018. Por el contrario, en Ourense (-3,1%) y Lugo (-2,4%) cayó, según el estudio que publicó ayer la empresa Fichero de Inquilinos Morosos (FIM). A Coruña es la provincia gallega donde más dinero deben los inquilinos a sus propietarios (4.860 euros), mientras que la de Ourense es en la que menos (4.086). Por el medio están Pontevedra (4.098) y Lugo (4.395).

10 meses de deudas

Si se toma como referencia una vivienda con un precio medio de 475 euros, los arrendadores de Galicia están casi 10 meses sin percibir los ingresos del alquiler. A Coruña es la única provincia de la comunidad que supera esta cifra.

Ante los impagos, los propietarios han decidido buscar métodos alternativos para comprobar la solvencia del inquilino y piden certificados que acrediten su solvencia y fiabilidad.

Según este estudio, el undécimo anual que realiza la compañía, los impagos del alquiler crecieron en todas las comunidades, menos en Cantabria, que registró un descenso del 3%. Los mayores incrementos en 2018 se dieron en Murcia (16,2%), Canarias (12,2%), Navarra (10,6%) y Andalucía (10,4%).

En Cantabria la morosidad media descendió, el 3%, y losmenores aumentos fueron en La Rioja (1,1%), Extremadura (1,8%), Galicia (2,3%) y Aragón (2,5%).

La morosidad media más alta se situó en Madrid (9.767 euros), seguida de Baleares (8.572), País Vasco (7.089), Cataluña (6.860) y Navarra (6.408), mientras las más bajas se dieron en Extremadura (3.427 euros), Castilla y León (3.573), Aragón (3.963) y La Rioja (3.983).

La entidad privada FIM Ibérica recibe los datos de arrendadores y de profesionales de la gestión de alquileres con los que tiene acuerdos, así como recopila información de sentencias por desahucios.

La empresa reconoce que los últimos cambios en la legislación en materia de alquiler "se han traducido en una contracción inmediata de la oferta". "Las nuevas regulaciones que afectan al alquiler están provocando inseguridad entre los propietarios de inmuebles en alquiler, que ven limitadas las garantías que pueden exigir al inquilino. Ante esta situación, muchos arrendadores han optado por buscar métodos alternativos para comprobar la solvencia del inquilino. Por ejemplo, en los últimos meses se ha multiplicado por dos el número de propietarios que solicitan a sus arrendatarios certificados que acrediten su solvencia y fiabilidad", explica.