04 de abril de 2019
04.04.2019
La Opinión de A Coruña

El Supremo compromete la continuidad de la Valedora por mediar en un nombramiento

El PP guarda silencio y elude respaldar a Otero || El TS considera que intercedió para designar jefa de Personal a la hermana del portavoz parlamentario del PP

03.04.2019 | 22:16
Milagros Otero, el pasado año durante su comparecencia en el Parlamento de Galicia.

La Valedora do Pobo, Milagros Otero, ha quedado en una situación muy comprometida a raíz de la designación como jefa de servicio de Administración y Personal de la institución de María Puy Fraga, hermana del portavoz parlamentario del PP gallego y sobrina de Manuel Fraga. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sentenció en junio del pasado año que el nombramiento fue irregular y que Milagros Otero, que conocía a la elegida, influyó en el proceso de designación y actuó con "arbitrariedad" y "desvío de poder". Y ahora, el Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad del nombramiento al rechazar el recurso de casación que había presentado la Valedora contra el fallo del TSXG.

De momento, Milagros Otero continúa en el puesto, si bien en una situación de suma precariedad. No ha presentado su dimisión y el PP, cuya intervención resulta clave para forzar su eventual relevo, no aclaró ayer su postura, a la espera de que la propia Valedora tome la iniciativa.

Por su parte, la oposición en bloque exige su cese por el descrédito que supone para la institución de defensa de los derechos de los ciudadanos. El pronunciamiento del Supremo ha llevado al PP a abrir una reflexión sobre el futuro de la Valedora en el que participa el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo.

Cuando se conoció la sentencia del TSXG, los populares decidieron mantener a Milagros Otero en el cargo frente al criterio de la oposición. El pasado mes de julio, en un pleno del Parlamento para debatir su continuidad en el alto comisionado, el PP gallego llevó la contraria al fallo judicial, negó que la Valedora intercediera para designar a María Puy Fraga y aplazó cualquier decisión hasta que se resolviera el recurso y la sentencia se convirtiera en firme.

Ahora lo es, pero los populares no quieren precipitarse en la toma de decisiones. Salvo que dimita la Valedora, la única posibilidad de removerla del cargo es mediante la intervención del PP, dado que para ello es necesario el voto favorable de tres quintas partes de los diputados. Pero Milagros Otero fue propuesta por los populares y estos, según diversas fuentes, preferirían que asumiera directamente las responsabilidades de la sentencia.

De ahí que el PP optara ayer por guardar silencio ante la situación de la Valedora, mostrando con ello, además, su desafecto con la responsable de velar por los derechos de los ciudadanos y dejando en el aire su continuidad. El TSXG consideró probado que la Valedora influyó en el proceso para que el puesto recayese en María Puy Fraga, hija del catedrático de Derecho del que es discípula académica la propia Milagros Otero.

Tras conocerse el fallo judicial en junio de 2018, la Valedora revocó el nombramiento de María Puy Fraga para ejecutar de forma inmediata la sentencia, que posteriormente fue recurrida.

Además, compareció el 5 de julio en el Parlamento, en donde negó todas las acusaciones y aseguró que se había desvinculado formalmente del nombramiento por haber sido discípula del padre de María Puy Fraga. "El adjunto firmó el recibí con la resolución de abstención, en la que se menciona la consecuencia legal de ello, es decir, que era él quien debía resolver sobre el asunto", argumentó en sede parlamentaria.

De este modo, defendió que ella se "abstuvo", aún no siendo preceptivo en este caso, de participar en el procedimiento, si bien lo hizo una vez definidos los criterios de la convocatoria y de que se presentasen los candidatos. También señaló a su adjunto, Pablo Cameselle, nombre propuesto por el PSOE para ese puesto, como la persona que resolvió el proceso.

El fallo del Supremo, con fecha del 28 de marzo de este año, inadmite a trámite el recurso presentado por la Valedora do Pobo por "carencia de interés casacional, sin que se aprecie en el escrito de preparación el planteamiento de un problema jurídico que trascienda del cariz marcadamente casuístico que presenta el litigio". Pero impone al alto comisionado las costas procesales, hasta una cifra máxima de todos los conceptos de 2.000 euros en favor de la parte recurrida y personada.

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