El Ministerio de Fomento defendió ayer la doble marcha que aplica a las transferencias, en su caso, de autopistas a las comunidades. Ante la queja formulada por la Xunta, que considera una "discriminación injustificable" el trato que recibe Galicia, el Gobierno central salió ayer al paso para justificar el traspaso de la AP-68 al País Vasco y, al mismo tiempo, mantener su postura reacia a dejar la titularidad de la AP-9 en manos del Ejecutivo autonómico, argumentando que en el caso gallego se trata de una vía que pertenece a la red de interés general del Estado y que Galicia no tiene competencias para asumirla de forma automática.

El acuerdo para traspasar la AP-68 a Euskadi, cuyas negociaciones comenzarán ya la próxima semana, se adoptó tras el apoyo del PNV y EH Bildu en el Congreso a los "decreto sociales" aprobados en Consejo de Ministros para permitir su entrada en vigor. Sin embargo, la demanda gallega para hacerse con la AP-9 apenas tuvo recorrido. La vetaron en el pasado los gobiernos del PSOE y del PP y el de Pedro Sánchez aceptó que se debatiera en el Congreso, pero no se llegó a sustanciar porque se disolvieron las Cortes y sin que el PSOE expresara siquiera su intención de voto final.

El caso es que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, lanzó duras críticas al Gobierno central por la celeridad con que se acordó el traspaso de la AP-68 frente a la demora de la AP-9. Y Fomento dio ayer su versión. Argumentó que Euskadi tiene competencias reconocidas en su Estatuto que le permiten gestionar directamente carreteras de la red de interés general del Estado, como ya ocurre con otros cuatro tramos de autopistas y autovías, pero que la comunidad gallega no dispone de esa capacidad estatutaria "que le permita hacerse cargo de forma automática de la titularidad y gestión de la AP-9". Por lo que, continúa Fomento, lo primero que habría que hacer es sacar a la AP-9 de la red estatal, a lo que seguiría una ley orgánica para completar la transferencia, si es que hubiera voluntad política.

Fomento añade que fue el Gobierno de Pedro Sánchez el que admitió a trámite la demanda gallega en el Congreso, pero a partir de ahí no dice si esa vía tendría éxito en caso de no disolverse las Cortes. Pero todo va en la dirección, como ha sido siempre en el pasado, de bloquear este traspaso.

El secretario general de Infraestructuras del ministerio, Julián López, alegó ayer que habría que "explicar muy bien" el motivo por el que se sacaría la AP-9 de la red de interés general del Estado, dado que la consideran una vía básica para la comunicación internacional y con los puertos y aeropuertos.

"No hay una cerrazón, un no absoluto de entrada al traspaso de la AP-9, pero habría que analizarlo bien y ver sus consecuencias y repercusiones", argumenta el alto cargo, quien insiste en que el PSOE sí abrió al menos este debate que permitiría al final tomar una decisión. No obstante, el pasado febrero Fomento explicitó por escrito a la diputada de En Marea Yolanda Díaz su rechazo a la transferencia.

En cuanto a las condiciones reclamadas por la Xunta para hacerse con la titularidad de la AP-9 „como eliminar el peaje acumulativo del 1% durante 20 años y que el Gobierno asuma ese coste con los presupuestos„, Julián López entiende que ya no tienen qué ver con el traspaso en sí de una competencia y que, "en principio, parecen un rescate encubierto de la concesión", dado que afecta a las condiciones jurídicas de la concesión, aspectos que, por otra parte, no se tocan en el traspaso de la AP-68 al País Vasco.