Las infraestructuras gallegas con más de 20 años pasaron de representar el 12,7% del total en 2007 al 19,3% en 2015, según un informe de la Fundación BBVA. Pese a este incremento, es la segunda comunidad con menor porcentaje, después del 17,9% de Madrid.

El estudio establece que "el resultado de la caída del ritmo inversor supone un aumento generalizado de la edad media de las infraestructuras públicas disponibles en las comunidades".

Así, en 2015, más del 20% de las infraestructuras públicas tenían más de 20 años de antigüedad en todas las comunidades, excepto Galicia y Madrid.

En Navarra y La Rioja ese porcentaje supera el 30%. En Navarra, además, se encuentran las infraestructuras viarias más envejecidas (casi el 47% tiene más de 20 años).

En el caso de las infraestructuras ferroviarias, los porcentajes más elevados de dotaciones con más de dos décadas se localizan en Cantabria (36%), País Vasco (26,9%) y La Rioja (26,1%).

En la comunidad gallega, los mayores porcentajes de stock de capital en infraestructuras con más de 20 años de antigüedad se corresponden con las viarias (pasaron del 12,8% al 24,9%), las urbanas de corporaciones locales (del 14,5% al 21,2%) y las portuarias (del 13% al 19,8%). Les siguen en mayor peso de las infraestructuras con más de 20 años las hidráulicas públicas (del 11,2% al 18,8%). Por el contrario, se redujo el porcentaje de infraestructuras ferroviarias con más de 20 años: eran el 11,7% del total en 2007 y el 4,77% en 2015. Como en el caso de las infraestructuras aeroportuarias, cuyo porcentaje de antigüedad pasó del 24,2% al 14,7%.

La nueva Ley de Contratos del Sector Público, en vigor desde marzo del año pasado, ha puesto freno a las adjudicaciones a dedo. Durante años, las administraciones tiraron de los contratos sin mediar concurso ni publicidad para obras menores. Hubo ejercicios en que el conjunto de las administraciones en Galicia llegaron a asignar de forma directa el 25% de sus contratos. En el caso de diputaciones y ayuntamientos el porcentaje ascendía hasta el 75%. Pero esta tendencia revirtió el año pasado con un desplome de este tipo de adjudicaciones y, en contraposición, el aumento de los procedimientos abiertos, para los que se convoca un plazo de presentación de ofertas para cuantas empresas quieran concurrir. De los más de 1.200 millones en obra pública licitados el año pasado en la comunidad, el 92% fueron por concurso abierto (16,5 puntos más que el 75,5% en 2017), mientras que los contratos a dedo representan el 5% del total.