Al margen del control que realiza la AEAT, la Xunta también desarrolla sus campañas para evitar el fraude en los impuestos autonómicos. El plan de control impulsado el pasado año detectó que las declaraciones de los tributos propios de la comunidad de 35.828 gallegos se habían quedado cortas y que les correspondía abonar 110 millones de euros más, que fue lo que recaudó la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) tras la revisión de las liquidaciones impositivas.
El balance supuso un incremento tanto en contribuyentes afectados „9.517 ciudadanos más„ como en cantidad „siete millones adicionales„.
Las revisiones al alza se concentraron en las autoliquidaciones de los impuestos de sucesiones y transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. En el primer caso se pasó de 7.754 afectados a 10.680 y la recaudación sumó 2,2 millones hasta alcanzar los 76,8. En el segundo, de 15.507 a 29.194 y de 24,3 millones a 31,4, respectivamente, según la Atriga.
Por otra parte, la Consellería de Facenda ha contratado a una empresa externa para seguir el rastro a deudas fraccionadas, dispersas en diferentes expedientes o sometidas a reclamaciones que encallan en la burocracia con el objeto de no perderlas.
