Hace quince días se abrió el plazo para que los empleados públicos de la Administración autonómica solicitaran el acceso extraordinario a la carrera profesional que les permitirá mejorar sus retribuciones. El incremento salarial que se aplicará este año oscilará entre los 380 y los 880 euros, según la categoría, y tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2019. Pero no se beneficiará toda la plantilla. Podrán subir de nivel los funcionarios. Pero para el personal laboral fijo habrá una condición: podrán cobrar ya el plus correspondiente a este año pero con el compromiso de que en el futuro concurran a las pruebas para convertirse en funcionario y las superen. Y si no lo hacen, el Gobierno gallego deducirá de sus nóminas las cantidades cobradas hasta la fecha por la carrera profesional.

Se quedarán, de esta manera, sin el plus del que se benefician los funcionarios y además tendrán que devolver las cuantías que cobraron hasta entonces. Pero esto será aplicable solo para aquellos puestos que la Xunta considere que pueden ser convertidos en plazas de funcionario. El personal laboral fijo que no sea objeto de este proceso de funcionarización, según los criterios del Gobierno gallego, no podrá acceder a la carrera profesional pero recibirá una compensación económica equivalente.

Es decir, solo el personal laboral fijo que ocupe puestos que la Xunta considere que pueden ser convertidos en plazas de funcionario y se niegue a concurrir a este proceso de funcionarización se quedará sin mejora retributiva, lo que da pie a los sindicatos mayoritarios, CIG y CSIF, a hablar de "chantaje".

Varias sentencias están ya reconociendo en España el derecho del personal laboral tanto fijo como temporal a cobrar la carrera profesional, al igual que los funcionarios. Y en Galicia el sindicato CSIF ya anunció que recurrirá a los tribunales ante lo que considera una discriminación hacia una parte de los trabajadores de la Administración autonómica.

CIG y CSIF denuncian que en las reuniones con Función Pública les trasladaron que el personal laboral que cobre la carrera profesional no tendría que devolver las cuantías percibidas en caso de que no superase la prueba y que simplemente dejarían de abonárselas a partir de ese momento.

"El personal laboral fijo podrá acceder al sistema de carrera profesional si opta de manera expresa e individualizada por acogerse al proceso de funcionarización y lo supera, momento en el que se consolidarán las cuantías percibidas", recogía el acuerdo de concertación de empleo público.

En la orden publicada ayer en el Diario Oficial de Galicia (DOG) de instrucciones para la confección de nóminas de la Administración autonómica se deja claro, sin embargo, que "la no presentación de la solicitud de participación en el correspondiente proceso de funcionarización que se convoque o la no presentación, excepto la imposibilidad acreditada de no presentarse a dicho proceso, o la no superación del correspondiente proceso de funcionarización implicará el decaimiento del encuadramiento en el grado I con todos sus efectos, por lo tanto, dará lugar a la deducción de los importes percibidos".

La Xunta se lo pondrá fácil al personal laboral en el examen puesto que publicarán previamente la batería de preguntas que podrían poner en la prueba y además les dejarán tener a mano los textos legales sobre los que versará el test.

Aún así, el secretario de acción sindical de CSIF, Xosé Sánchez Brunete, advierte de que para las categorías laborales más bajas y con menos formación el examen podría "no resultar tan fácil" y se arriesgan después a tener que devolver el dinero mediante deducciones en su nómina.

Critican también que se hayan encontrado ahora con esta "sorpresa" cuando el plazo para solicitar la carrera profesional se abrió el 1 de abril.