19 de abril de 2019
19.04.2019

El fiscal pide 12 años de prisión para el exdueño de Mahía por desviar fondos

La Fiscalía reclama para los otros cinco acusados en el caso nueve años de cárcel

18.04.2019 | 20:15

El ca so Mahía volverá a ponerse bajo el foco judicial a partir de este martes, en el que la Sección Sexta de la Audiencia en Santiago juzgará al que fuera administrador único de Mahía Inmobiliaria, Ramón López Casal, y a otros cinco acusados. Les atribuyen delitos de administración desleal, apropiación indebida y delito societario por desviar negocio a otras firmas y perjudicar a un socio. El caso lleva años en los juzgados con distintas ramas en diversas zonas de España. Por ejemplo, cuatro años atrás, el Tribunal Supremo ratificó la condena interpuesta por la Audiencia de Valladolid contra López Casal y el alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez Freijo, por sendos delitos de cohecho, en ambos casos, y de prevaricación en el segundo por el denominado caso Arroyo.

Para la rama que ahora se abordará en Santiago, cuya vista fue suspendida hace seis meses por la renuncia de varios de los abogados defensores, el escrito de la Fiscalía se remonta al 27 de noviembre de 1989, cuando se constituyó la sociedad Mahía Inmobiliaria, cuyo objeto social era la promoción, construcción de viviendas y adquisición de todo tipo de fincas. A partir de1995, el escrito añade que se fue creando un grupo formado por múltiples sociedades "compartidas" en las que participaban tres socios. También apunta que el que fuera dueño de Mahía, en "eficaz colaboración" con los otros cinco acusados, creó un conjunto de sociedades mercantiles. Una vez en marcha las sociedades mencionadas en las que "intencionadamente" no tenía participación M.G.M., los acusados "desviaron el negocio de Mahía" a otras firmas transfiriendo el negocio inmobiliario con objeto de "perjudicar económicamente" a las sociedades ligadas a M.G.M.

El fiscal concluye que los hechos son constitutivos de delitos de administración desleal, apropiación indebida y delitos societarios. Para el que fuera administrador único de Mahía, pide penas de 12 años de cárcel y, para el resto de los acusados, nueve años y nueve meses de prisión.

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