En 2011 los concellos gallegos apenas recaudaban 23 millones de euros por el llamado impuesto de Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICE), que afecta, con carácter general, a embalses, presas, saltos de agua, centrales hidroeléctricas, parques eólicos, autopistas, carreteras, aeropuertos y puertos comerciales, túneles o centros de producción de electricidad, gas, refino de petróleo o gas. El pasado año, los municipios elevaron hasta los 35,2 millones de euros la previsión de ingresos por la ocupación de suelo de estas estructuras, lo que representa un 24% más que los ingresos percibidos en 2017, ejercicio que supuso para los ayuntamientos por este tipo de instalaciones una recaudación de 28,2 millones de euros.

El motivo se debe, fundamentalmente, a una actualización de los valores catastrales sobre los que se calcula el importe del tributo que los titulares de un BICE deben pagar a las arcas municipales, a lo que se suma también nuevas construcciones o ampliaciones de las instalaciones existentes, así como un mayor control por parte de los gobiernos locales y Hacienda para cuantificar mejor su valor exacto a efectos fiscales. De hecho, en el año 2011 eran 135 los concellos en la comunidad autónoma que cobraban por la presencia en sus respectivos territorios de estructuras destinadas a la producción eléctrica o infraestructuras viarias. En 2017 la cifra de ayuntamientos que cobran por el BICE ascendía ya a 166.

Fue en el año 2003 cuando las presas, embalses y centrales hidroeléctricas pasaron a considerarse bienes de características especiales (BICE) y se modificó la ley para crear esta tercera categoría, al margen del IBI rústico y urbano. Con la creación de esta nueva clase, ya entonces hubo concellos que actualizaron la tasación, pasando de un tipo impositivo del 0,4% al 1,3%. Pero en los últimos años, los ingresos en ayuntamientos gallegos afectados por estas construcciones han aumentado por la mejora y ampliación de las instalaciones, lo que ha llevado a los consistorios a hacer un inventariado de todos los elementos nuevos de los complejos hidroeléctricos, junto con una actualización de los valores catastrales, y así lograr una inyección de fondos extra.

En 2016 los ingresos alcanzaron los 30 millones de euros, pero al año siguiente cayeron a 28,2. La razón de este descenso está en los recursos presentados por las grandes empresas contra el BICE calculado por los concellos. Pero esta circunstancia no influyó en el ánimo de los municipios, que para 2018 elevaron la previsión de recaudación por este tributo hasta los 35,26 millones de euros. De ellos, más de la mitad corresponde a ayuntamientos de la provincia de A Coruña, con unos ingresos estimados de 21,5 millones de euros. Los de Pontevedra esperan recaudar casi 6 millones, mientras que en Ourense se acercan a los 3,7 millones y en Lugo se superan por poco los 4 millones.