Un atajo administrativo propio de ingeniería fiscal será el instrumento que usará Galicia para sortear lo que considera "bloqueo" del Gobierno central al gasto de sus 125 millones de euros de superávit correspondientes al año pasado, primer ejercicio sin números rojos desde la llegada de Alberto Núñez Feijóo a San Caetano en pleno estallido de la crisis.
El truco de la Xunta también le permitirá saltarse las restricciones legales al destino de esos fondos y emplearlos en sanidad, educación y servicios sociales. Con ellos financiará la contratación de 200 médicos y enfermeros para reforzar la Atención Primaria, exigencia planteada por el personal público desde hace meses y que centró su conflicto con el Ejecutivo. De momento, la Xunta invertirá 96 millones entre este año y el siguiente y reserva 34 para futuros proyectos, gracias a la suma de 5 millones de ahorro financiero al superávit.
La Xunta aprobó ayer un anteproyecto de ley para enviarlo por urgencia al Parlamento, donde su aprobación está asegurada gracias a la mayoría absoluta del PP. Esa norma amparará al Ejecutivo gallego para invertir su superávit sorteando cualquier intervención de Hacienda, cartera de un Gobierno en funciones que podría cambiar de signo tras la composición de las Cortes que salga de las elecciones del domingo.
"No podemos esperar a que España tenga Gobierno porque supondría no poder ejecutar este superávit", justificó Feijóo, que dio por segura la aprobación de la ley antes del inicio del verano. Considera esta maniobra una solución a un conflicto sobre el que exigió una solución por carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a finales de febrero. Un mes después, el Gobierno autorizó a las autonomías para invertir su superávit mediante real decreto. Esta batalla, sin embargo, es una más de la guerra entre ambas administraciones. Galicia reclama otros 700 millones "bloqueados". La Xunta destinará los 125 millones de superávit „Hacienda lo cifra en 104„ a amortizar deuda de dos de sus entes: la Sociedade Pública de Investimentos (SPI) y Xestur, que gestiona el suelo industrial.
El plan es sencillo, aunque ha exigido usar resquicios legales. Una vez inyectados los 125 millones para amortizar esas deudas, los fondos reservados en las cuentas gallegas para ese fin quedarán "liberados". La Xunta los redirigirá a servicios públicos con plena autonomía y añadirá los citados 5 millones de ahorro. Pero para poder gastar ese dinero, el Ejecutivo necesitará autorización legal previa para superar su techo de gasto, de 9.850 millones. Esa luz verde se la proporcionará la Lei de reforzo de actuacións prioritarias, cuyo anteproyecto aprobó ayer el Consello. Feijóo pidió apoyo a la oposición a la vía para esquivar el "laberinto administrativo" de Hacienda. La Xunta reservaba esta bala en la recámara a la espera del pasado día 15, fecha en que habitualmente Hacienda informa a las comunidades de si han cumplido la regla de gasto, uno de los requisitos para emplear el superávit, como pagar facturas en menos de un mes, limitar la deuda al tope fijado y no superar el déficit máximo el año en curso.
Hacienda no ha notificado ese parámetro, a partir del cual las comunidades deben elaborar una lista de inversiones "financieramente sostenibles" que luego debe validar Madrid. "No sé si hay problemas en las comunidades gobernadas por el PSOE", deslizó Feijóo sobre un retraso que consideró inadmisible. Aguardar a ese reconocimiento impediría invertir "un euro" este año. "El bloqueo de España no puede contagiar a la estabilidad de Galicia", añadió.
Esa vía limita las inversiones. Con superávit, por ejemplo, no se puede contratar más personal. Además, la ejecución de los proyectos que financie debe cerrarse este año, si bien la normativa recoge que "se podrá" extender el gasto a 2020. El truco de la Xunta esquiva ese trayecto burocrático gracias a que la normativa, considera, le permite reducir deuda directamente con el superávit sin permiso de Hacienda, que ya no debe revisar el destino del dinero "liberado".
De los 130 millones disponibles, 96 se invertirán entre este año y el siguiente y 34 se reservarán. La sanidad recibirá más de 40, de los que 22 se gastarán este año en contratar más de 200 sanitarios para Atención Primaria, obras en ambulatorios, equipos médicos y financiar las ambulancias del 061; 22,7 se emplearán en reparar 22 centros educativos y 6,2, en guarderías y centros de mayores. Otros 3 irán a infraestructuras rurales.
