La convivencia entre las viviendas de uso turístico —habituales en plataformas como Airbnb— y los alquileres tradicionales sigue siendo tirante. Y desigual: por cada inmueble que se oferta al clásico perfil del inquilino estable existen casi dos que se abren a ese nuevo turista ávido de complementar su viaje con un alojamiento en un domicilio particular.

Galicia, pues, no ha tardado en contagiarse de una tendencia que ha generado tensiones en las capitales españolas y europeas, en la medida en que consume la bolsa de arrendamientos desocupados y presiona al alza los precios.

En la Federación Gallega de Inmobiliarias (Fegein) lanzan una advertencia sobre la baja oferta: "La situación es muy preocupante en las siete ciudades", sostiene su presidente Benito Iglesias.Y los datos hablan, en efecto, de una dualidad: mientras el último estudio de los inmobiliarios ha detectado apenas 4.500 alquileres en stock, la Xunta ha anotado desde abril 7.996 viviendas de uso turístico en su Rexistro de Entidades y Actividades Turísticas (REAT).

Cambio de modelo

Desde que la administración autonómica aprobó a comienzos de 2017 el decreto que regulaba estos nuevos alojamientos, el mercado comenzó a experimentar un "tránsito", detalla Iglesias. "Muchos propietarios que estaban alquilando sus viviendas a trabajadores desplazados, estudiantes y familias, dijeron: 'Yo estoy alquilando a un precio medio mensual de 450 euros, pero lo que ingreso con la vivienda vacacional es el doble".

Fue la consecuencia de un nuevo modelo que se deja notar principalmente en los concellos con más tirón turístico, como son Sanxenxo —líder indiscutible con 1.566 registros— y Santiago (537), pero también en las áreas urbanas más dinámicas y demandadas, caso deVigo (292) o A Coruña (273).

Todo ello sucede en paralelo a un mercado del alquiler de por sí muy constreñido. El último censo de viviendas apunta la existencia en régimen de arrendamiento de 120.776 inmuebles en Galicia, por lo que los alquileres disponibles, siguiendo las cifras de Fegein, se reducirían a un escaso 3,7%.

Esto explicaría en buena medida por qué los precios han tenido un incremento constante en los últimos años. Sobre todo en los dos ciudades atlánticas, donde la mensualidad rebasa la barrera de los 470 euros. En A Coruña el repunte alcanzó los 116 euros desde 2014; tres por encima de Vigo (113), según los datos de Instituto Galego de Vivenda (IGVS).A continuación se situaron Pontevedra (79), Santiago (65) y Lugo (32). Solo en Ferrol descendió el precio, con 29 euros menos.

La prueba del elevado coste del alquiler es el porcentaje de la nómina que los gallegos le dedican cada mes. En el 2017 fue un cuarto del salario (24,7%), según un estudio elaborado por el portal inmobiliario Fotocasa e Infojobs. La media nacional ascendía al 31%.

Demanda

A la elevada demanda —"es raro una inmobiliaria que no tiene a diez personas en lista de espera", asegura Iglesias— se suman varias circunstancias que caracterizan el actual stock. Por un lado, de esos 4.500 alquileres disponibles identificados por Fegein, una parte son residencias de alto nivel que están fuera del alcance del inquilino medio, y por otro lado, una mayoría son inmuebles en desuso o sin apenas servicios, que se estancan durante un largo periodo sin hallar ocupante.

Las que no encajan en ninguna de las dos casuísticas son aquellas ubicadas en municipios como "Ribadavia, Carballiño o Ponteareas"; es decir, en áreas alejadas de las grandes ciudades que no suelen conectar con las necesidades de la demanda, apuntan desde Fegein.

Hecho el diagnóstico, ¿cuál es la receta para reducir los precios? Iglesias plantea dos opciones. La primera es la implantación de un parque social público de viviendas en alquiler. "Eso ya tenía que estar creado desde hace años", recalca. Y la segunda es aplicar un "plan de choque" al mercado —sin intervenir en los precios— para sacar al mercado las casi 300.000 viviendas , que según el Instituto Galego de Estatística (IGE) se encuentran deshabitadas. Algunas de las ideas que propone la Federación son descontar de la Declaración de la Renta los ingresos percibidos por estos inmuebles o una exención en el pago de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para los propietarios que abran sus viviendas a residentes con ingresos por debajo de 18.000 euros.