Los juzgados de paz gallegos „órganos con jurisdicción en un municipio sin salas de primera instancia e instrucción„ ingresaron y resolvieron en el año 2018 un 20% menos de asuntos civiles y penales en relación con el ejercicio anterior, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El movimiento de asuntos civiles refleja que en Galicia se ingresaron 42.778 el pasado año, un 19,16% menos que en 2017. En consecuencia, la resolución también bajó en esa tasa, con un 19,12% menos, hasta 42.863. "La huelga de la Justicia en Galicia provocó la caída de las resoluciones", explica el responsable de UGT Justicia, Manuel González, quien resalta la importancia de los juzgados de paz en la comunidad: "Realizan una labor fundamental y mantienen la cercanía con el ciudadano, sobre todo en trámites civiles", reconoce. Pese a las incidencias producidas por el parón del pasado año, que se extendió durante 114 días, "aumentó la carga de trabajo del registro civil", comenta.

Los 42.863 asuntos civiles resueltos en 2018 se repartieron entre los 25.280 auxilios judiciales civiles, 1.628 actos de conciliación, 183 juicios verbales y 15.817 asuntos de otro tipo. Por su parte, el movimiento de asuntos penales arroja 32.748 asuntos ingresados en juzgados de paz gallegos el pasado año, un 21,32% menos. Los resueltos, 32.709, son un 21,97% menos y se distribuyen entre auxilios judiciales, 29.357, y resto de asuntos, 3.452. Dentro de los procedimientos que se llevan a cabo en los juzgados de paz, además del registro civil, se encuentra el auxilio judicial, trámites de conciliación, juicios verbales y actos de comunicación. "Antes se realizaban juicios de faltas por delitos leves, pero ahora esta práctica se ha extinguido", sostiene Óscar Freixedo, de CIG-Xustiza, que culpa del descenso del 20% de ingresos y resoluciones al cambio de legislación realizada en estos juzgados. "Las modificaciones legislativas provocaron una pérdida de competencias penales en los juzgados de paz gallegos". A esto hay que sumar la pérdida de población del rural, un hecho que Freixedo considera determinante para analizar las cifras emitidas por el INE. Para el representante de CIG-Xustiza, la huelga del pasado año no afectó de forma directa a las salas de paz de la comunidad, ya que estas permanecieron abiertas por el cumplimiento de los servicios mínimos, pero "no recibían las órdenes pertinentes del resto de juzgados, por lo que los trámites no funcionaban correctamente", admite.