El Ministerio Fiscal ha mantenido las peticiones de cárcel contra el alcalde de Cee, Ramón Vigo, y otros cinco acusados en la 'Operación Orquesta' --el concejal Juan Bautista Areas, dos empresarios, un arquitecto y un agente de orquestas--, en la última sesión del juicio celebrado en la Audiencia coruñesa.
Lo ha hecho pese al auto emitido el pasado 15 de marzo por el tribunal, atendiendo a la petición realizada en las cuestiones previas por las defensas, en el que anuló las escuchas telefónicas que dieron origen a esta causa.
En estas mismas cuestiones previas, como recogía también el auto de la Audiencia coruñesa, el Ministerio Fiscal planteó que si se declaraban nulas las intervenciones telefónicas retiraría las acusaciones para los acusados, excepto la relativa al concejal de Cee por confesión en sede judicial.
Sin embargo, posteriormente confirmó que mantenía la acusación y en la jornada de este jueves --cuando se ha retomado el juicio-- mantuvo las peticiones de condena, según ha informado a Europa Press el abogado del concejal Juan Bautista Areas, Felipe Mayán.
Acusaciones sobre "la nada"
"La Fiscalía ha mantenido todas las penas y las conclusiones", ha dicho en alusión a su escrito de calificación inicial. Para el letrado, se trata de un "tema procesal" de cara a la presentación de un recurso. "Las acusaciones se sustentan sobre la nada", ha remarcado después de que se declarasen nulas las escuchas telefónicas en las que se basó esta causa.
En su escrito de calificación de los hechos, por los presuntos delitos de falsedad documental, cohecho e infidelidad en la custodia de documentos, Fiscalía pedía hasta 20 años de prisión para el alcalde de Cee, además de penas de inhabilitación por presunta prevaricación. Para los demás acusados, las penas oscilan entre un año y seis meses de prisión y 9 años y tres meses.
Antes de que cada una de las partes presentase sus conclusiones --las defensas piden la absolución de sus clientes-- el tribunal, a petición de estos letrados, no aceptó preguntas a los testigos por entender "que lo se preguntaba era nulo", ha dicho el letrado Felipe Mayán quien ha asegurado que se adoptó también esta decisión en base a la nulidad de las escuchas telefónicas.
