04 de mayo de 2019
04.05.2019

La Xunta admite que carece de datos sobre la radioactividad de la Fosa Atlántica

Si el Gobierno central llevó a cabo alguna medición en la costa gallega, no le ha trasladado los resultados a la Administración autonómica

03.05.2019 | 22:49
La Xunta admite que carece de datos sobre la radioactividad de la Fosa Atlántica

El próximo año la Comisión Europea realizará una evaluación de control sobre los sistemas de vigilancia que emplea España para detectar si a las costas gallegas está llegando radiactividad de la llamada Fosa Atlántica, en cuyas profundidades yacen unas 140.000 toneladas de residuos nucleares. La UE comprobará si el Gobierno español está realizando, efectivamente, las mediciones, así como "el funcionamiento y la eficacia" de los dispositivos utilizados. Porque los resultados de estos controles, en caso de haberlos, nunca se hicieron públicos y la Xunta, teniendo Galicia la costa más próxima a la Fosa Atlántica, admite que no tiene ninguna información al respecto sobre los análisis de radiación que se pudieran hacer por parte del Estado.

En las consellerías de Medio Ambiente, Economía „con responsabilidad en energía„, y Mar y en la Vicepresidencia aseguraron ayer que no le consta que obre en su poder informe alguno con los resultados de las mediciones sobre una eventual presencia de elementos radiactivos en la costa gallega. También aseguran que este control de la radiación no es de su competencia, sino del Gobierno central, y eludieron responder a si le van a reclamar los resultados de los análisis realizados, alegando, en todo caso, que está fuera de sus competencias estatutarias.

Entre los años 1949 y 1982 ocho países (Gran Bretaña, Holanda, Francia, Bélgica, Alemania, Italia, Suiza y Suecia) arrojaron al fondo del Atlántico unos 223.000 bidones de acero y hormigón conteniendo material nuclear. Allí deben seguir a 4.000 metros de profundidad, distribuidos en una treintena de ubicaciones, sometidos a una intensa presión y bajo la acción corrosiva del agua salada. La fosa se encuentra a unos 650 kilómetros de distancia de la costa gallega y desde el año 2005 ninguna institución pública nacional ni internacional realiza un seguimiento de la situación bajo el mar. La última inspección la hizo el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), que concluyó que los niveles de radiactividad eran muy bajos y que, en cualquier caso, se diluyen en el mar antes de alcanzar la costa.

La UE tampoco vigila la presencia de radiactividad, sino que son los Estados miembros los encargados de realizar las inspecciones. Y ahora la Comisión Europea comprobará en 2020 si España lo hace y con qué grado de eficacia. Greenpeace confiesa que estará "expectante" ante el control que realizará la UE al Gobierno español, dado que sospecha que no se está haciendo ninguna medición. "Hay un desentendimiento absoluto por parte de todas las instituciones", asegura Raquel Montón, la responsable del programa nuclear de Geenpeace España, que creó precisamente su primera oficina en el país a raíz de las protestas contra los vertidos en la Fosa Atlántica, encabezadas de forma pionera por el pesquero gallego Xurelo.

Montón sostiene que el Gobierno tiene el mandato de realizar controles en sus costas para detectar una eventual presencia de contaminación por radiactividad, pero que Greenpeace desconoce cómo son estas verificaciones e incluso si realmente se están haciendo.

Quienes deberían encargarse de las vigilancia serían, a juicio de Raquel Montón, el Consejo de Seguridad Nuclear o Enresa „empresa pública dedicada a la gestión de residuos nucleares„, pero ninguna tiene esta encomienda asignada.

Esta situación de desconocimiento, porque el Gobierno central nunca informó sobre ello, de los controles en la costa gallega se debe, según la portavoz de Greenpeace, a que apenas hay presión social. "No hay interés público y al final las administraciones se desentienden. Pasa en esto y en cualquier otro tema", censura Raquel Montón.

Sobre este tema se pronunció el jueves la eurodiputada del Bloque Ana Miranda. La parlamentaria sostuvo que la última vez que Bruselas realizó esta "misión de verificación" fue en el año 2003 y que desde entonces nada se sabe. Una vez hecha la inspección, según la respuesta remitida a Miranda, Bruselas decidirá sobre las medidas posteriores que se deberán tomar.

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