La titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, Pilar de Lara, está dispuesta a llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si se confirma la sanción de siete meses y un día sin empleo y sueldo, que implica perdida de destino, que le impuso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por falta muy grave en cuanto a "desatención y retrasos injustificados" en las instrucciones que lleva, como la del caso Pokemon, abierto en 2015.

Su abogado, Agustín Azparren, avanzó ayer que el lunes recurrirá la sanción, informa Europa Press, y la respuesta del CGPJ se demorará al menos tres meses. De rechazar su queja, "el siguiente paso sería ir al Supremo". "Incluso ahora en materia disciplinaria y ya pasó en Portugal con un caso similar, incluso se puede llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hasta esa vía queda abierta", indicó el letrado.

En cuanto al recurso, el abogado dijo que va a "reproducir los argumentos que ya existían, resumirlos y dejarlos con mayor claridad para comprobar que lo que se señala como problemas del juzgado no son consecuencia de una conducta de la magistrada".