La inspección fiscal de la Xunta aumentó su rendimiento un 13% en 2017 al abrir durante ese ejercicio 671 expedientes de sanción contra particulares y empresas que no pagaron sus impuestos. A todos ellos se les reclamó por la vía ejecutiva, una vez que incumplieron con su obligación de liquidar los tributos en el plazo voluntario, la cantidad de 25,3 millones.
Con respecto a 2016 se produjo un incremento del número de sanciones, pero no así del importe recaudado. De los 593 expedientes incoados en 2016 se pasó al ejercicio siguiente a 671, lo que representa un incremento del 13,1%. Sin embargo, las cantidades reclamadas por la vía de apremio pasaron de 31,8 millones a 25,3, lo que supone un desplome del 20,5%.
Pese a esta caída en la recaudación, la Inspección General del Ministerio de Hacienda asegura que la Agencia Tributaria de Galicia (Atriga) ha cumplido en general los objetivos previstos. "Los resultados alcanzados permiten formular una valoración positiva de la gestión de la Atriga dado que se superan en la mayoría de los casos los objetivos cuantitativos establecidos", reconoce Hacienda. Y no solo felicita a la agencia gallega, sino que aconseja recompensar a los trabajadores por su buena labor. "En recomendación se sugiere premiar económicamente a los funcionarios cumplidores ligado a la implantación de un modelo de evaluación de desempeño", asegura.
Una de las causas de esta sugerencia de que se premie a los trabajadores es que el número de actas por inspector en 2017 fue de 55,5 por un importe de 2 millones, lo que supone sobre 2016 un ligero incremento (52,9), aunque cae el importe (2,8 millones).
El importe medio que se reclamó por cada acta levantada durante 2017 ascendió a casi 37.000 euros. Fue un 29,6% inferior al del año anterior y la cifra más baja desde 2013 cuando el importe medio por sanción fue de 25.900 euros. La cantidad total exigida por la vía ejecutiva, con el recargo pertinente de la sanción, llegó a los 25 millones, lo que representa el 4,8% de la recaudación total obtenida en Galicia por la gestión de los tributos cedidos, que fue de 511 millones.
En total, la Consellería de Facenda detectó que casi 36.000 gallegos se habían quedado cortos en su tributación, lo que permitió incrementar la recaudación en 110 millones.
La Atriga se creó en octubre de 2012, pero no fue hasta enero de 2013 cuando comenzó sus actividades. La puesta en marcha de este organismo provocó una profunda remodelación del área de inspección que pasó de estar descentralizada a centralizarse en el Área de Inspección Tributaria. Esta medida produjo un cambio en el sistema de trabajo y por tanto de los objetivos, que se completó con la introducción de un nuevo sistema informático del plan de inspección.
La agencia gallega posee un Plan de Control Tributario, que aprueba cada año y que determina las actuaciones que se deben realizar con cada uno de los impuestos que recauda (patrimonio, sucesiones y transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados). Estas actuaciones se dividen por programas en los que se marcan los objetivos cuantitativos sobre el número e importe de las actas.
En marzo de 2017, se estableció una nueva estructura orgánica de la Consellería de Facenda y, como consecuencia, se modificó la estructura de la Atriga al crearse un área de Coordinación, Gestión Económica y Asuntos Generales que engloba los departamentos de Recursos Humanos y Régimen Interior, Gestión Económica Financiera, Presupuestaria Contable y de Auditoría y Calidad. También se creó un departamento de Planificación de Control Tributario, dependientes del área de inspección.
