Las inspecciones del Catastro han puesto la lupa este año, entre otros aspectos,sobre elrural, una decisión que afecta demanera intensa a Galicia. El departamento dependiente del Ministerio de Hacienda quiere actualizar no solo el valor de los cultivos de agricultores, sino determinar cuánto cuestan en el mercado los dos millones de hectáreas dedicados a esta actividad en la comunidad— esa cuantía determinará los impuestos a pagar—, incluyendo en esa cifra los terrenos forestales. Además, pretende depurar sus registros para identificar a los propietarios de los mismos, una quimera debido al minifundismo imperante en este córner atlántico. De hecho, la Xunta reconoce su incapacidad para identificar a los dueños del 63% del monte gallego, que tiene titulares desconocidos o dudosos.

Una de las herramientas empleadas por la administración para reducir el fraude fiscal y para elevar la recaudación en los momentos más duros de la crisis económica que desencadenó la quiebra del banco estadounidense Lehman Brothers a finales de 2008 fue precisamente la Dirección General del Catastro.

El Gobierno de Mariano Rajoy (PP) ordenó poco después de su victoria en 2011 elevar las inspecciones para evitar la ocultación al fisco de propiedades ocultas o no declaradas,lo que contribuyó al encarecimiento de las fincas rústicas durante la última década. Pese al declive demográfico y el vaciado del rural, el valor catastral de esas tierras en Galicia creció un 143% en ese período: de 1.968 millones en 2008 a 4.778 el año pasado.

El Catastro también inició entonces un proceso que continúa para depurar sus bases de datos y actualizarlas. Pero este año ha marcado en rojo los cultivos y las fincas rústicas en su plan de objetivos, que incluye un apartado específico sobre la cuestión. "Dentro de la depuración de datos, no se deben dejar atrás los cultivos, fuente importante de datos, que afectará no solo a la correcta valoración catastral, sino a la obtención de un valor de referencia de bienes de naturaleza rústica ajustado a la realidad del mercado", establece el Catastro entre las tareas a acometer durante el presente ejercicio con un detalle que no había incorporado al menos en el último lustro.

A ellas se unen, de nuevo, la "depuración de titulares" de propiedades rústicas y urbanas para detectar ocultaciones, por ejemplo, en la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas(IRPF).Además, el valor catastral es la magnitud sobre la que cada municipio aplica también su correspondiente impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), aunque en este caso existen aplicaciones dispares. En el concello coruñés de Malpica, por ejemplo, algunos propietarios de terrenos forestales no han recibido notificación municipal para pagar el IBI rústico, conocido popularmente como la contribución, y reconocen que hasta hace poco pensaban que estaban exentos de esa carga. Hasta que a algunos de sus vecinos, con fincas de similares características, en la misma zona y sin verse afectadas tampoco por la concentración parcelaria,sí les han llegado las misivas con el importe del impuesto a pagar, que es "mínimo", según reconocen a este diario.

La revisión del Catastro sobre los terrenos dedicados a cultivos afecta también al ámbito forestal. En Galicia, existen 1,4 millones de hectáreas de arbolado, de las que casi un millón se dedican a "producción sustentable preferente de madera"y el resto,a"producción sustentable multifuncional con alto valor ambiental", según los últimos datos incorporados a la primera revisión del Plan Forestal de Galicia realizada por la Consellería do Medio Rural. A esa superficie se unen otras 417.000 hectáreas de cultivos agrarios, de las que 284.000 corresponden a la plantación de forraje,según los últimos datos disponibles del Instituto Galego de Estatística (IGE).

El Catastro, sin embargo, no solo se centrará en detallar el valor de las fincas rústicas y los cultivos, sino también en proseguir la depuración de su base de datos para identificar a los propietarios. De hecho, a comienzos de año lanzó un nuevo sistema informático al que cualquier concello puede adherirse para registrar de forma automática las alteraciones de los bienes, tanto en superficie como en titularidad.