15 de mayo de 2019
15.05.2019

Hacienda certifica que Galicia cumple con las reglas de estabilidad presupuestaria

Destaca que es la primera vez que la comunidad cierra el ejercicio con superávit

14.05.2019 | 21:31

El Ministerio de Hacienda ha certificado que Galicia cumplió en 2018 todas las reglas de estabilidad presupuestaria, tanto con el objetivo de déficit como con el límite de deuda pública y la regla de gasto del ejercicio. Así lo trasladó la Xunta, quien señaló que todo ello supuso que la comunidad tenga que presentar un plan económico-financiero.

En un comunicado, la Consellería de Facenda destacó que se trata de la primera vez que Galicia cierra el ejercicio con superávit por primera vez en los últimos 16 años, aunque puntualizó que el documento "todavía no actualiza la cifra del superávit", que sitúa en 125 millones de euros frente al cálculo incluido, de 104 millones.

A pesar de ello, ya trasladó al Ministerio la explicación técnica correspondiente para "subsanar ese error", del mismo modo que la cifra de límite de deuda pública, que el texto sitúa en una ratio deuda/PIB el 18,0% a pesar de que el Banco de España ya la ha actualizado al 18,1%. En todo caso, el informe confirma que Galicia cerró el ejercicio y cumplió el límite máximo autorizado por el Consello de Política Fiscal e Financeira, que era del 18,4% para la comunidad.

Finalmente, Facenda añadió que, además de evitar el plan económico-financiero, Galicia se beneficiará "de otras ventajas" derivadas del cumplimiento, como el acceso al Fondo de Facilidad Financiera, la concesión de avales a empresas o contar con una tasa de reposición más elevada en las convocatorias de empleo público.

Con el cumplimiento de los tres objetivos, la comunidad gallega evita la aprobación de un plan económico-financiero, obligatorio cuando una Administración cumple alguno de estos parámetros. Además, Galicia se beneficiará de otras ventajas derivadas de este cumplimiento, como el acceso al Fondo de Facilidade Financeira, la concesión de avales a empresas o la utilización de una tasa de reposición de efectivos públicos mayor de la que podrán usar las comunidades autónomas incumplidoras.

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