Galicia suspende en servicios sociales. Según el Índice DEC que cada año publica la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales el sistema gallego obtiene una nota de 4,70, que coloca en el puesto 12 a Galicia en el grupo de las siete autonomías que suspenden. Madrid, con solo un 3,20, es la que recibe la peor calificación, y tampoco aprueban Murcia, Comunidad Valenciana, Extremadura, Canarias y Andalucía, Aragón y Cantabria obtendrían el aprobado por los pelos pero se situarían por debajo de la media estatal del 3,22.

El informe publicado ayer recoge diferencias destacadas entre comunidades, sobre todo en lo que se refiere a las normas autonómicas para regular los servicios sociales. De Galicia, el estudio reconoce la "excelencia" en los denominados "derechos de papel" porque cuenta con un sistema ordenado con ley, catálogo, plan estratégico y buena integración entre administraciones pero, según los datos del año pasado, la inversión económica es débil y la cobertura de prestaciones y servicios escasa.

Son tres los indicadores que miden la relevancia económica de los servicios sociales en la comunidad y, aunque los tres han mejorado sus cifras respecto a 2016, continúan por debajo de la media estatal. Así, el gasto social por habitante ha pasado de 274,9 a 332,7 euros, lo que supone una subida del 21% pese a estar todavía a casi 50 euros de diferencia del promedio nacional. También el porcentaje del PIB que se dedica a este capítulo ha aumentado en dos años del 1,29% a 1,48% y se aproxima al 1,52% estatal. El gasto de las administraciones gallegas, tanto de la Xunta como de los concellos, creció del 8,11% al 9,16%. El estudio también destaca que en el sistema gallego la cobertura es baja en relación al gasto corriente de las administraciones. Por eso, los expertos instan a mejorar la cobertura y dotación del sistema de rentas mínimas de inserción, por encontrarse por debajo de la media estatal, al beneficiar a menos del 7% de las personas por debajo del umbral de pobreza, un punto menos que en el conjunto de España. Los directores y gerentes de servicios sociales instan además a continuar al alza en la cobertura de la atención de la dependencia, que alcanza el 7,75%, mientras que en España es del 10%. Al mismo tiempo, el limbo de dependencia, es decir, el porcentaje de desatención, se ha reducido en dos años pero con un 12%, se encuentra ocho puntos por debajo de la media estatal.

En el estudio se apuntan además déficits en los servicios para personas mayores, sobre todo en las plazas de residencias de mayores, con una cobertura del 1,08% frente al 2,47% del promedio estatal; o en ayuda a domicilio y teleasistencia, donde la cobertura del 2,75% es solo un tercio de la media española del 9,29%. También es muy baja la cobertura de plazas en residencias para personas sin hogar, con una ratio de 35,1 por cada millar de habitantes, cuando en el resto de España es del 62, casi el doble.

La comunidad solo tiene buenos resultados en lo que se refiere a la cobertura en plazas en centros de día, con un índice del 1,21%, por encima del 1,09% a nivel estatal. Y en intensidad en ayuda a domicilio, con una media de 29,16 horas mensuales, un 60% más que las 18,89 en España.

La asociación elabora desde hace siete años el informe DEC en el que se analizan por comunidades los derechos reconocidos y el gasto y las coberturas de los servicios sociales de los que se benefician ocho millones de personas en España. El estudio presentado ayer, correspondiente a 2018, coincide con el final de la legislatura. Según Gustavo García, coordinador del informe, "la puntuación media mejora en España porque se pasa del suspenso al aprobado, pero preocupa que los servicios sociales crezcan y se adapten a los retos de la sociedad, y, sobre todo, las diferencias que siguen existiendo entre las comunidades".