El conflicto entre el sector del taxi y los emergentes vehículos de alquiler con conductor (VTC), que comercializan firmas como Uber o Cabify, entró en una fase de reposo tras la aprobación el septiembre pasado de una nueva normativa en Galicia, primero, y un marco estatal, después. Pero algunas de las exigencias impuestas en la comunidad son rechazadas por parte de estas empresas. El gigante de las VTC, Ares Capital, y la mayor asociación de compañías de esta rama, Unauto VTC, y otras cuatro empresas gallegas de transporte han recurrido las reglas autonómicas en un pulso que ahora resolverá el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo independiente presentado por cada parte.

La Xunta todavía no ha tenido acceso a esas quejas, según fuentes de la Consellería de Infraestruturas, aunque el TSXG sí le ha notificado su admisión a trámite. De hecho, la Secretaría Xeral de ese departamento ya había remitido al alto tribunal información sobre la regulación de esta actividad, como reconoce en un anuncio publicado ayer por el Diario Oficial de Galicia que sirve para comunicar la opción de personarse en el procedimiento de "todas las personas interesadas" en el conflicto sobre el decreto de septiembre pasado que reordena el transporte de viajeros en turismo, estableciendo, por ejemplo, el uso de taxis compartidos en el rural para llevar a los alumnos al colegio, los trámites para solicitar una licencia o las condiciones del servicio de los servicios VTC.

Este frente judicial se divide en dos bloques. Por un lado, cuatro empresas gallegas recurren aspectos de la regulación del taxi. Por otro, la principal asociación de las VTC, Unauto VTC, y el gigante del sector: Ares Capital. Esta última fue fundada por los hermanos Ortigüela y luego se integró en el fondo de inversión King Street Capital, operación de la que nació Moove Cars, punto final de la cadena y conexión con el cliente. Acumula alrededor de 5.000 licencias VTC en toda España.

Ilustran la competición empresarial por el mercado. En Galicia existen en la actualidad 3.620 taxis y 276 licencias de VTC, aunque la justicia ha obligado a la Xunta a conceder 50 más por un vacío legal entre 2009 y 2015, cuestión que ya permitió la concesión de 147 del total. Esas cifras convierten en papel mojado la obligación legal de que la proporción sea de un VTC por cada 30 taxis. Ahora es de 1/13 y el Gobierno central aprobó una moratoria de cuatro años a partir de los cuales ayuntamientos y comunidades regularán este ámbito.

Ni Ares Capital ni Unauto VTC respondieron a las preguntas de este diario sobre el contenido de sus recursos. Sin embargo, dos cuestiones de la normativa gallega aprobada en septiembre acapararon las protestas de este sector. Por un lado, la obligación de que se contrate ese tipo de vehículos con antelación, vetando, por ejemplo, que puedan recoger clientes de forma imprevista por la calle. Los taxistas no solo exigían esa cláusula, sino también el establecimiento de un tiempo mínimo de antelación para contratar el servicio, opción que la Xunta descartó imponer.

Las VTC también rechazaban la obligación de que sus vehículos porten un distintivo que permita reconocerlos en la vía pública y facilite las inspecciones. Ese requisito entró en vigor esta semana.

En el caso de las cuatro compañías gallegas, tres de sus recursos afectan a la regulación del taxi. Autocares Muíños (Rianxo) y Autos Fernández Belmonte (Coristanco) tratan de tumbar el veto a que una empresa sea la titular de una licencia de taxi, que desde septiembre solo puede estar en manos de una persona física, según confirman fuentes de ambas compañías.

Por su parte, Autos Eugenio Muíños (Guitiriz) protesta contra la anulación de la venta de una de sus dos licencias. Autos Comparado (Noia) no facilitó información acerca de su caso.