Las actuaciones urbanísticas, la actividad empresarial, las infraestructuras o las grandes obras deberán respetar el paisaje. La Xunta da un paso más en su estrategia para poner fin al feísmo y empieza a tramitar un nuevo reglamento, que fijará los mecanismos de protección para evitar que el cemento afee las vistas, tanto en el interior, como las que se ven desde el mar, lo que implica que se deberá preservar la armonía de las fachadas marítimas costeras. Según el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, una de las novedades de este reglamento, que desarrolla la Lei da Paisaxe, es que su ámbito de aplicación se extenderá "a la zona marítimo-terrestre y a sus augas interiores".

Además, la nueva norma establece tres mecanismos para evitar impactos sobre el paisaje. "Cuando se quiera hacer una obra se le pedirá al promotor que consulte antes al Instituto de Estudos do Territorio", explica Feijóo. En el informe que emita este órgano se le indicarán las medidas para mejorar la integración paisajística o se le obligará a presentar un estudio de impacto sobre el paisaje cuando se trate de una actuación "que afecte a áreas de especial protección paisajística". Es decir, podrán estar afectadas actuaciones como la construcción de carreteras, una promoción de viviendas, la instalacion de empresas o de un parque eólico..., pero nunca particulares.

Eso conlleva la obligación de establecer medidas correctoras para preservar el entorno como la recuperación topográfica de excavaciones, la reposición de la vegetación afectada y de las coberturas del suelo, así como adecentar los canales abiertos de cursos de agua o las pendientes. El otro instrumento para luchar contra el feísmo será la inclusión por parte de los concellos en sus instrumentos de planeamiento urbanístico de un estudio sobre el paisaje. Con esta medida se pretende que los planes urbanísticos sean "congruentes" con el carácter urbano de cada núcleo.

El tercer instrumento de protección está destinado a vigilar los usos en suelo rústico de especial protección. El reglamento obligará a emitir un informe del Instituto de Estudos do Territorio cada vez que se hagan obras, salvo las menores. Aquí si estarían afectados particulares, por ejemplo, un ganadero que quiera construir una instalación agrícola.