Para afrontar con garantías el suministro de agua ante nuevos episodios de sequía, la Xunta está elaborando una ley específica que acaba de pasar por las manos del Consello Económico e Social de Galicia (CES), que da su aprobado general a una norma por lo oportuno que resulta y por lo completa que parece desde el punto de vista técnico.

Sin embargo, el CES encuentra también motivos para la queja. Y una de ellas es que se incorpore a una ley para afrontar las sequías la implantación de un nuevo impuesto. Asegura que "no es consonante" con el objeto de la norma y que lo normal sería aprobar su aplicación a través de una fórmula más adecuada.

Y es que la ley prevé aplicar el canon del agua a los concellos para penalizar las fugas en las redes de abastecimiento. Este gravamen ya lo pagan, con carácter general, todos los usuarios, públicos o privados, en función del consumo. Pero quedan fuera de la imposición los millones de litros de agua que se pierden en las traídas. Se calcula que más del 27% del agua que se capta para el suministro se pierde en filtraciones por una deficiente red de distribución. Y lo que quiere la Xunta es que cada concello pague un tributo por ese agua que se escapa por las fugas, con la idea de que sirva como aliciente para que los municipios mejoren las traídas. El canon es de 2,57 euros por mes más una parte variable de 29 céntimos por metro cúbico cuando las pérdidas superen el 20%.