El Defensor del Pueblo ha concluido que la Xunta "ha actuado deficientemente" en relación con los terrenos de la antigua mina de Touro y O Pino, donde advierte que "la contaminación del agua parece el problema más grave". "Y sin embargo la explotación está funcionando sin disponer de los permisos exigidos por la legislación de aguas", critica, en un informe remitido a la asociación Tralapena.

A raíz del documento, este colectivo ecologista reclama que la Administración autonómica "inicie la tramitación del procedimiento de caducidad de la concesión". A través de una nota de prensa, destaca que el Defensor "le saca los colores" a la Xunta, "con argumentos legales".

Fuentes del Gobierno gallego señalaron que "se pronunciará cuando termine la tramitación" y que lo hará "motivadamente", mientras que la compañía mantiene su disposición "a seguir trabajando para poner en marcha el mejor proyecto minero".

El informe del Defensor del Pueblo establece, en concreto, que la Administración autonómica "ha actuado deficientemente, bien por no declarar la caducidad de la explotación, si los trabajos (en estos terrenos) se interrumpieron por plazo superior al autorizado, o bien por no sancionar al titular de la explotación por no presentar los planes de labores anualmente (...) si la explotación estuvo en funcionamiento".

La institución avisa de que la actividad extractiva del cobre produce "impactos" sobre el suelo, la vegetación y el paisaje, y de que "pueden producirse filtraciones de aguas ácidas a los ríos o al suelo desde las escombreras o presas de residuos, con la consiguiente afección a la vegetación y la fauna".

También alerta de que los drenajes contienen metales pesados "que en grandes concentraciones son nocivos para el medio ambiente y la salud" y, de hecho, detecta que "la contaminación del agua parece el problema más grave y sin embargo la explotación está funcionando sin disponer de los permisos exigidos por la legislación de aguas".

Al respecto de la restauración de los terrenos, "la mayor objeción" que plantea a la Xunta es que "pese a que se han presentado hasta cinco planes por diferentes titulares de la explotación, ninguno ha sido aprobado por el órgano minero".

Y añade que "la Administración no ha acreditado que haya exigido su cumplimiento íntegro" y que el plan de Río Tinto Minera (de 1984) "debe entenderse desactualizado" ya que se refiere a la explotación de cobre y no a la de áridos, que es la actualmente se acomete. Es decir: "desde 2003 se realiza una extracción de áridos (...) sin que exista un plan de restauración aprobado".

También critica, sobre el ejercicio de la potestad de inspección y sanción, que la información que remitió la Xunta "se considera insuficiente", ya que la Consellería de Economía "no ha inspeccionado la actividad en cinco de los diez últimos años". Si bien se han tramitado tres expedientes sancionadores, "Augas de Galicia no ha informado concluyentemente sobre los resultados de los programas de control existentes". Por último, hace referencia a la ausencia de un plan aprobado de actividades extractivas en Galicia.

Por todo ello, el Alto Comisionado de las Cortes Generales sugiere a la Consellería de Economía que tramite y resuelva el procedimiento de compatibilidad de derechos mineros con otros usos de interés público, "en particular con su incidencia social y en el medio rural".

Si declara la prevalencia de otros intereses públicos respecto a los nuevos derechos mineros, sugiere al departamento de Francisco Conde que desestime la solicitud de reinicio de la actividad extractiva de cobre".

También en el apartado de sugerencias incluye la de solicitar "con carácter inmediato" a Augas la emisión del informe de suficiencia de medios hídricos para el desarrollo de la actividad extractiva del cobre y demás recursos objeto de concesión. Le recomienda a mayores impulsar la tramitación del plan de actividades extractivas.

Por último, Medio Ambiente, a través de Augas, le sugiere realizar una inspección de la calidad de las aguas de los ríos "directamente afectados".