La recién aprobada ley de rehabilitación y regeneración urbanas establece la obligación de someter a una nueva inspección a todos los edificios de viviendas con más de 50 años de antigüedad. Pero esta exigencia tardará en aplicarse porque la Xunta inició aún ayer el desarrollo, mediante un decreto, del reglamento que regulará el Informe de Avaliación de Edificios (IAE). Y como la medida afectará a unos 350.000 bloques residenciales, que suponen el 23% de todo el parque inmobiliario de la comunidad autónoma, la Xunta dará un margen "amplio" antes de comenzar a exigir esta revisión.
El presidente, Alberto Núñez Feijóo, no pudo concretar ayer cuándo será la fecha, pero debido al elevado volumen de edificios a los que afecta, anticipó que prevé que se dé "una entrada en vigor amplia" y con "plazos razonables". "No será cosas de meses", añadió. Primero se tendrá que redactar el decreto, someterlo a información pública y luego aprobarlo definitivamente, a lo que se sumarán los plazos de una moratoria amplia para dar tiempo a ponerse al día en la inspección de los 350.000 edificios objeto de la norma. Todo hace pensar que, como mínimo, serán dos o tres años lo que dure la moratoria.
La evaluación, de cuya gestión y control se encargarán los ayuntamientos, deberá acreditar el estado de conservación general del edificio, el nivel de cumplimiento de la normativa vigente sobre accesibilidad y el grado de eficiencia energética. Sus obligaciones, por tanto, son más amplias que la inspección técnica a la que están sometidos actualmente los inmuebles de vivienda colectiva ubicados en los municipios de más 25.000 habitantes, ya que analiza básicamente la conservación estructural de la construcción para verificar su seguridad.
Además, esta evaluación será obligatoria para todos los edificios con una antigüedad superior al medio siglo independientemente del tamaño del ayuntamiento, no como ahora que solo se aplica en los concellos de más de 25.000 habitantes.
El precio de la IAE ronda de media los 1.000 euros, con una horquilla que se mueve entre los 300 y los 1.800 euros en función de las dimensiones del edificio y del número de viviendas. La validez de este informe será de 10 años. En el caso de que un edificio tenga en vigor la actual revisión técnica, los propietarios tendrán que incorporar la evaluación correspondiente al grado de accesibilidad y al nivel de eficiencia energética.
Núñez Feijóo explicó, tras el Consello de la Xunta, que esta medida va enfocada a "dar garantía y seguridad" tanto a los residentes en estos inmuebles, como a los de los edificios colindantes, así como a posibles compradores e inversores.
