No cuadrar los números o pagar demasiado tarde a los proveedores abre la puerta a que un municipio reciba toques de atención, que pasan por la exigencia de recortes, retención de fondos o incluso un rescate como el de Os Blancos en 2011. En Galicia, la Consellería de Facenda vigila las cuentas municipales para evitar situaciones como esas. En esta línea, Consellería de Facenda, a través de la Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos, pidió información en el primer trimestre de este año a 37 ayuntamientos sobre el periodo medio de pago a sus proveedores. En este tiempo, cinco municipios ya han remitido dichos datos a instancias de la Administración autonómica, debido a que el Gobierno gallego ejerce las competencias en materia de tutela financiera de los entes locales, a modo de delegada del Gobierno central, que es el competente a la hora de imponer castigos. Según recoge la Xunta, en lo que se refiere a la información solicitada por la Consellería de Facenda, de los 37 ayuntamientos a los que se les solicitó, ocho están en la provincia de A Coruña (Cabanas, Cerceda, Dumbría, Ferrol, Fisterra, Sada, San Sadurniño y Trazo), mientras que también ocho en Lugo (Antas de Ulla, Outeiro de Rei, Palas de Rei, A Pastoriza, Quiroga, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín y Triacastela). Otros 19 corresponden a la provincia de Ourense (Amoeiro, Baños de Molgas, Os Blancos, Castrelo de Miño, Castro Caldelas, Lobeira, Maceda, Manzaneda, Melón, A Merca, Muíños, Petín, Pontedeva, Rairiz de Veiga, A Rúa, San Cristovo de Cea, Sarreaus, Verín y Vilardevós), mientras que los dos restantes en Pontevedra (Dozón y A Illa de Arousa).

En cuanto a la información remitida por las entidades locales, en el primer trimestres del año solo cinco ayuntamientos ya la han enviado, que son Cerceda, Quiroga, Lobeira, Maceda y Vilardevós. También, tres entidades facilitaron información sin requerimiento previo: Poio (Pontevedra), que remitió información sobre un acuerdo de no disponibilidad de crédito, mientras que la Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Nigrán (Pontevedra) entregaron datos sobre informes de morosidad.

La vigilancia financiera de los municipios se extremó en 2012, año en que entró en vigor la Ley de Estabilidad Presupuestaria, norma que impuso el control del déficit público y el pago de la deuda como prioridades en sintonía con la reforma exprés de la Constitución pactada por PP y PSOE. Además, desde abril el plazo medio de pago de facturas se redujo a la mitad hasta los 30 días reales.